La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba y parlamentaria regional, Rafaela Obrero, ha criticado este martes que la Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, "ha traspasado muchas líneas rojas y ha dejado en la estacada a los mayores en Córdoba y Andalucía".
En una rueda de prensa, Obrero ha informado de que el grupo parlamentario del PP-A presentará este miércoles en el pleno de la Cámara andaluza una moción demandando mejoras en la atención a mayores en la comunidad. Y es que, a su juicio, "la Junta tiene a los mayores en total desamparo por la falta de desarrollo de la ley de dependencia", lo que ve "claro síntoma de la debilidad del sistema de bienestar social mantenido por el gobierno de Susana Díaz".
Así, detalla que en Andalucía hay 1,3 millones de personas que tienen más de 65 años, lo que representan el 15,6% de la población andaluza. En Córdoba hay más de 145.000 mayores de 65 años. Sin embargo, y a pesar del incremento de este segmento de población, añade, "ha mermado considerablemente las prestaciones y servicios de los que han venido disfrutando a causa de los importantes recortes del gobierno de la Junta".
Además, censura que "el Partido Socialista ha tenido más de dos años de parálisis de la Ley de Dependencia, lo que ha provocado una lista de espera hasta llegar a los 55.000 dependientes de los que unos 3.000 son cordobeses". En 2013 Andalucía ha experimentado un descenso del número de beneficiarios en 18.864 personas, y "el PSOE no ha cubierto la tasa de reposición, mientras que en otras comunidades han seguido incorporando usuarios al sistema de dependencia", advierte la popular.
En este sentido, apunta que "el PSOE ha tenido más de 4.000 plazas residenciales vacantes, el 38% del total de plazas, en estos últimos años, unas 200 plazas en Córdoba, pagando por ellas un 60% de la plaza pública sin estar ocupadas a pesar de la enorme demanda social que existe".
Asimismo, dice que "el gobierno de Susana Díaz ha tenido en jaque a los centros asistenciales y centros de día por la falta de pago en tiempo y forma, llevándoles al despido de muchos trabajadores por la asfixia económica, en alguna ocasión al borde de la quiebra o del cierre", de manera que "Díaz tiene una deuda con los ayuntamientos y diputaciones más de 60 millones de euros solo en dependencia", señala Obrero.
También, subraya que "la Junta recortó en 2013 más de 209 millones de euros del presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, de los que 78 millones lo eran del programa de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad. En 2014 se ha recortado 70 millones de euros en política social".
"El PSOE solo acude a nuestros mayores sólo para obtener rédito político, y para inculcarles la política del miedo cuando llegan elecciones con promesas incumplidas sobre las pensiones", dice Obrero, quien añade que "ha sido el Gobierno de Rajoy quien ha subido las pensiones un 2%, y quien transfiere a la Junta de Andalucía 30 millones de euros al mes de forma puntal para atender la dependencia".
En la moción que presenta el Grupo PP-A se pide en primer lugar una modificación de la orden de 26 de febrero de 2014, por la que se ha modificado la regulación de concertación de las plazas residenciales que va a provocar el desmantelamiento del sistema público. "Pedimos al gobierno andaluz que pague lo que debe, más de 70 millones de euros a entidades", dice Obrero.
Para ella, "es necesario que la Junta establezca un calendario de pago, en tiempo y forma, con el fin de evitar sucesivas demoras y garantizar la sostenibilidad del sistema". Así, piden al Gobierno andaluz "no sólo que incremente el número de plazas públicas y concertadas, sino que además las que hay se cubran al 100%, pues con la nueva orden la garantía de cobertura será del 85% en los centros residenciales y del 70% en los centros de día, a pesar de que Andalucía tiene una tasa de cobertura de plazas residenciales del 0,5%".
Además, solicitan un mapa real de demanda y oferta de plazas para que la red asistencial llegue a cualquier punto de Andalucía, sobre todo en las zonas del ámbito rural. Y piden que se agilicen los trámites de la Ley de Dependencia y que no se hagan más recortes presupuestarios que afecten a los mayores.
