Agentes del Área de Medio Ambiente de la Unidad de la Policía Autonómica han detectado un total de 33 talleres de reparación de vehículos clandestinos ubicados en la provincia de Cádiz, de los cuales 15 se ubicaban en la comarca del Campo de Gibraltar.
Los agentes de la Policía adscrita a la Junta iniciaron hace dos meses una campaña de control de los talleres de reparación de vehículos en la provincia en la que participan la Unidad de Policía Adscrita y la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Durante este plan de inspección de establecimientos dedicados a realizar labores como talleres de reparación de vehículos sin contar con los requisitos establecidos reglamentariamente se han podido localizar 33 instalaciones clandestinas. Las poblaciones en las que se han localizado los talleres ilegales son Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez, Chiclana, Barbate, Algeciras, Tarifa, San Roque y La Línea de la Concepción.
Los agentes del Área de Medio Ambiente de la Unidad de la Policía Autonómica en Cádiz, junto a los miembros del grupo Local de Algeciras, han realizado las inspecciones en este tipo de instalaciones ilegales. De todas estas inspecciones se han levantado actas, formulándose además 21 actas de denuncia (13 de ellas en el Campo de Gibraltar). También se han realizado 23 informes ampliatorios y 21 reportajes fotográficos con la finalidad de documentar las infracciones detectadas.
En cada acta de inspección levantada por los agentes se da cuenta de una o varias infracciones detectadas, y las más comunes han sido: ejercer la actividad sin contar con las autorizaciones administrativas preceptivas (registro en la Dirección General de Industria, autorización de apertura, etc.); carecer de un seguro obligatorio de Responsabilidad Civil en el desempeño de la actividad; carecer de contrato de gestión de residuos; almacenaje y manipulación inadecuada de residuos peligrosos y contaminantes; y otro tipo de infracciones relacionadas con el consumidor (no disponer de placas identificativas de taller, hojas de reclamaciones, etc.).
Las infracciones más graves han sido las detectadas en materia de seguridad y prevención, ya que en las inspecciones se han localizado instalaciones que carecían de las más mínimas medidas de prevención y extinción de incendios, seguridad en cuadros eléctricos, medidas de evacuación o señalización de emergencias. Todo ello a pesar de tratarse de instalaciones de carácter industrial, con el consiguiente riesgo para los que allí trabajan y para los vehículos en reparación.
Además, muchas de las instalaciones localizadas eran de considerables dimensiones, auténticas naves industriales de más de 800 metros cuadrados, en algunos casos con 40 vehículos en el interior, que operaban con gran apariencia de legalidad pero sin el mínimo requisito establecido reglamentariamente.
En muchos de los casos, las actas de las infracciones han sido remitidas no solo a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sino a otras como la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ya que suponían infracciones graves en la manipulación y almacenaje de residuos considerados peligrosos (aceites minerales usados en automoción, baterías, líquidos anticongelantes y neumáticos), que los talleres desechaban de forma clandestina provocando un grave daño en el medio ambiente.
Esta primera fase del plan de inspección de este tipo de establecimientos continuará para comprobar la adecuación a los requisitos legales de los locales localizados, y se extenderá a nuevas instalaciones con la finalidad de dar respuesta al intrusismo y la gran competencia desleal que sufre este sector.
Para ello, durante esta campaña de inspecciones se ha recabado la colaboración de las diferentes asociaciones de talleres de la provincia, que habían denunciado ante el Gobierno andaluz la existencia de este tipo de instalaciones que actúan al margen de la norma, y que han llegado a cuantificar en uno de cada cuatro los talleres de reparación de automóviles que trabajan fuera de la ley.
Hay que recordar, además, que estos talleres clandestinos no solo no cuentan con las medidas de seguridad obligatorias o con la gestión adecuada de los residuos que generan, sino que además suponen un importante perjuicio para el consumidor al crearles situaciones de indefensión en caso de reclamaciones.
