Así lo solicitó el fiscal Pedro Martínez Torrijos en un escrito presentado ayer al juez, quien el pasado enero admitió a trámite la querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por el ataque, en el que murieron un líder de Hamas y catorce civiles.
Un mes después, Andreu, que había pedido información al Gobierno de Tel Aviv sobre este ataque, decidió seguir investigando porque, según informaron entonces fuentes jurídicas, de la documentación enviada se extraía la conclusión de que en Israel nunca tuvo lugar una investigación judicial sobre el ataque, por lo que el juez se consideró competente para seguir adelante con la instrucción.
Según el escrito de la Fiscalía, en Israel ha habido tres investigaciones: una llevada por el Fiscal General Militar, otra por el Fiscal General del Estado de Israel y una tercera revisión judicial del Tribunal Supremo de aquel país.
Ambos cargos del Ministerio Público israelí consideraron que en la actuación de las Fuerzas Aéreas israelíes –el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj de Gaza contra la casa del dirigente de Hamas Salah Shehade– se habían respetado los “principios de distinción y proporcionalidad”.
Por su parte, añade el fiscal, el Tribunal Supremo del Estado hebreo aún “se encuentra pendiente de decisión” porque encargó una investigación a una comisión que, según reza en el escrito, todavía no se ha pronunciado ya que está haciendo las “indagaciones necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos y de sus circunstancias”.
Es en este extremo donde difieren Andreu y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ya que el juez decidió continuar con la instrucción al entender que el Supremo acordó que no procedía abrir una causa judicial tras recibir el informe de la comisión de investigación, que concluyó que lo sucedido en Gaza fue un ataque preventivo y que los daños colaterales estuvieron justificados.
El Ministerio Público sostiene que las investigaciones llevadas a cabo por Israel, “con independencia de cuál sea su resultado final”, responden a los “cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho”.
