El Tribunal Supremo tiene previsto revisar la próxima semana la sentencia del caso 'Malaya', sobre la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), y analizar los recursos presentados por las partes contra dicha resolución de la Audiencia malagueña. Inicialmente, se fijó una vista para el miércoles día 16, aunque el Tribunal prevé que será necesario celebrar también sesiones el 17 y el 18.
Y esto debido al elevado número de recurrentes, un total de 52, entre acusados y acusaciones --la Fiscalía y la Junta de Andalucía y Abogacía del Estado--. Al menos el primer día, está previsto que la sesión sea de mañana y tarde.
Tras casi dos años de juicio, la Sala de 'Malaya' condenó en octubre de 2013 a 51 personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión; a la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel; así como a empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.
Contra esa resolución, la mayoría de los acusados, como Roca, Yagüe y la exedil Isabel García Marcos --no el exregidor Julián Muñoz--, así como la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía han presentado recursos de casación. Los argumentos esgrimidos por los procesados son vulneración de derechos, como el de la presunción de inocencia, y quebrantamiento de forma.
En el caso del ministerio fiscal, ha recurrido para pedir más pena a la mayoría de los procesados que han sido condenados, tanto exconcejales como empresarios; instando, además, a una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas por la Audiencia malagueña, de forma que se eliminen. Así, solicita que se aumente en 10 años la condena de Roca.
Asimismo, el fiscal pide que en algunos casos se aumente la cuantía de las multas, pero considera que se debe eliminar de la sentencia "toda referencia a destinar los bienes decomisados e importe de las multas satisfechas a abonar las deudas generadas para con el Ayuntamiento", algo que el Tribunal de Málaga sí instó, al considerar que es una "irregular atribución de lo recaudado".
La Junta de Andalucía, que ha ejercido como acusación en todo el procedimiento judicial, reiteró en su recurso presentado que los pagos de empresarios al principal acusado y presunto cerebro, Juan Antonio Roca, y de éste a los entonces concejales fueron para cometer "actos delictivos", que, además, "fueron ejecutados". Así, solicita que se aumente la pena a 21 de los condenados.
ACUSADOS
La defensa de Roca, por su parte, ha pedido al Supremo una revisión prácticamente total del proceso, criticando la instrucción, desde el comienzo por el juez al que le correspondió, hasta los registros y, por supuesto, las intervenciones telefónicas. Aunque se cuestiona fundamentalmente la sentencia dictada, también al Tribunal que se encargó del enjuiciamiento y el propio desarrollo del juicio.
La letrada denuncia la "demonización" del proceso e insta a su nulidad y dice que el mismo no ha sido justo, solicitando el dictado de otra sentencia "motivada y sin contradicciones" y en la que no haya "predeterminación condenatoria". También pide la eliminación de hechos por los que no fue acusado y la nulidad por vulneraciones en el proceso.
La defensa de la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe también presentó recurso de casación, en el que considera que en la resolución dictada existe "desorden expositivo" y una "exposición genérica de los fundamentos", al tiempo que observa "ausencia total de fundamentación" jurídica y motivación, también a la hora de decretar los comisos de bienes.
Yagüe fue condenada por un delito de cohecho pasivo para acto injusto continuado a la pena de dos años de prisión y multa de 2.300.000 euros, por malversación a la pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, por delito de alteración de precios en subasta o concurso público, imponiéndole una pena de dos años de cárcel y multa, y por un delito de fraude a la pena de dos años de prisión.
El recurso se planteó por varias infracciones de ley, por infracción de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y de precepto constitucional; así como por vulneración a un proceso con todas las garantías. En el documento se solicita que se case la sentencia emitida por la Audiencia de Málaga y que se dicte otra "más ajustada a derecho".
También ha recurrido acusados que ha resultado condenados como los exediles Isabel García Marcos, Pedro Román, Tomás Reñones; la abogada Montserrat Corulla, presunta testaferro de Roca; los empresarios José Ávila Rojas, Carlos Sánchez, José María González de Caldas, y Rafael Gómez, así como el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes, entre otros.
