Javier Andújar, un vecino de Linares de la Sierra (Huelva) de 45 años parado de larga duración, con pareja y una hija de 5 años, ha iniciado una lucha contrarreloj para no quedarse sin su vivienda, ilegal por sentencia judicial "injusta", según él, pero "la única" en la que residir.
La desesperación, al ver cómo puede perder su casa, le ha llevado a iniciar una recogida de firmas ciudadana a través de la plataforma change.org, ya que entiende que fue condenado "injustamente" por un delito contra la ordenación del territorio.
Dicha condena, según se indica en la queja, consultada por Efe, dictada en julio de 2013, incluía 6 meses de prisión, una multa de 2.160,00 euros y la demolición de su casa, en la que vive con su familia siendo ésta su única vivienda.
Nada hacía prever a este hombre lo que le deparaba el futuro cuando decidió en 2006 construir su vivienda 49 metros cuadrados en terreno rural, rehabilitando para ello una construcción preexistente, y solicitando y obteniendo para ello licencia municipal y permiso del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Por aquel entonces gobernaba en Linares el alcalde socialista, Jaime Luis Fernández Ceballos, condenado posteriormente por malversación de fondos públicos, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio y, según este vecino, bajo su mandado "la normativa municipal en materia urbanística pasaba la criba final de su última palabra e indicación sobre lo que se podía o no hacer".
Así a este vecino, sobre la autorización escrita, se le dieron una serie de indicaciones verbales sobre dónde y cómo edificar, que fueron seguidas por él en base "a la buena fe" de cualquier ciudadano y fue ahí, en su opinión, donde estuvo su "gran error".
Este padre de familia se limitó a rehabilitar una construcción ruinosa existente, con más de 35 años de antigüedad y con uso de vivienda, que ya constaba en la escritura pública de compraventa, e incluso se le concedió el suministro de agua potable, alcantarillado y basura.
Los problemas surgieron a raíz de que en 2010 Javier Andújar, junto a otros vecinos, comenzaran a denunciar distintas actuaciones del alcalde que consideraban "irregulares", momento en el que su licencia concedida en el año 2006, "de pronto y de modo sorprendente fue investigada", explica.
La casa de Javier Andújar es el "único" hogar de una familia con una situación socio-económica "absolutamente precaria", pues él es parado de larga duración, ha recibido ayudas sociales y familiares para poder subsistir y sus periodos de cotización totales no suman ni los tres años; y la situación de su pareja es peor si cabe, dado que está desempleada y tienen a cargo a su hija menor de edad.
Sostiene este vecino que su casa "no supone un perjuicio medio-ambiental ni causa impacto visual o estético alguno, está perfectamente integrada en el paisaje, se encuentra pintada en todos ocres y rodeada de una espesa arboleda, por lo que no tiene prácticamente visibilidad alguna", todo ello unido al hecho de que tradicionalmente, ya existía en el mismo sitio en cuestión, una vivienda similar.
Andújar mantiene que "hizo todo lo que las autoridades le indicaron" y ahora se ve en esta situación que "no sabe cómo explicar a su hija" al tiempo que se cuestiona cómo puede el sistema jurídico de este país permitirse "dejar a una niña de 5 años y a sus padres en la calle, sin trabajo ni casa, amparándose en un supuesto daño a la ordenación del territorio, aunque para ello haya que pasar por encima de la Constitución española que garantiza el derecho al empleo y a la vivienda".
En el texto de la petición se reclama el apoyo ciudadano para no permitir que otra familia se quede en la calle por "haber actuado de buena fe y fiándose de un sistema corrupto e ilegal" ya que obligar a este hombre a derribar su casa es "una medida drástica y discriminatoria", aún más teniendo en cuenta que dicha casa, "su único hogar, no supone perjuicio medio-ambiental alguno".
