El portavoz del Gobierno municipal hispalense, el concejal popular Curro Pérez, ha defendido este viernes que el "problema de plazos" que sufre el Programa de Atención a Familias con Menores en Riesgo no es "imputable" al Consistorio y ha insistido en que la Junta de Andalucía remitió "en el último minuto" la resolución definitiva sobre su parte de financiación del programa. Ante el encierro y desalojo protagonizado por los 21 trabajadores de este programa al expirar sus contratos el pasado 6 de noviembre, Pérez niega "dejadez" y ve "curioso" que los trabajadores protesten ante el Ayuntamiento y no ante la Junta.
"Este es un problema de plazos que no es imputable al Ayuntamiento, pero curiosamente, los trabajadores protestan ante nosotros", se ha encogido de hombros el concejal popular, quien insiste en que la Junta de Andalucía, que cofinancia este programa junto al Consistorio, renovó su participación "el último día, a última hora de la mañana y en el último minuto", sin que esté disponible aún la adenda al convenio bilateral que regula el programa. En ese sentido, ha negado que el conflicto derive de una "dejadez" del Ayuntamiento y ha dicho que el Gobierno local está sujeto a "unas normas internas" en materia administrativas y burocráticas y a la debida supervisión de su Intervención General.
"No podemos trabajar sin ciertos permisos", ha defendido asegurando que el Ayuntamiento puso "en marcha" la tramitación de la nueva edición de este programa en cuanto la Junta de Andalucía envió la resolución definitiva sobre su aportación financiera. Finalmente, ha insistido en que "la Junta de Andalucía viene aplicando un recorte del 8,15 por ciento" en este programa y el Ayuntamiento, aportando 421.640,63 euros para la nueva edición, aumenta un 33,43 por ciento su participación económica.
Según los trabajadores afectados, merced al programa autonómico de Atención a Familias con Menores en Riesgo, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con dicho servicio desde el año 2000, a través de un convenio anual que regula la financiación y las actuaciones en cuestión. Merced a dicho convenio, el Ayuntamiento de Sevilla ha contado desde el año 2000 con una red de equipos de tratamiento familiar formados por psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales, para el tratamiento de familias con menores en riesgo de exclusión.
Los afectados explican que, normalmente, el día 5 de noviembre de cada año finalizaban los contratos de trabajo de los 21 profesionales de estos equipos de tratamiento familiar, si bien tales contratos eran inmediatamente renovados, al día siguiente, para continuar con los trabajos. Sin embargo, y según dicen a Europa Press los trabajadores, en esta ocasión los contratos de trabajo expiraron la semana pasada sin que hasta el momento hayan sido renovados.
El Ayuntamiento hispalense, en ese sentido, alega que la Junta de Andalucía, que aporta 621.642 euros para la nueva edición del programa, remitió la resolución definitiva sobre dicha aportación el mismo día en el que expiraban los contratos, toda vez que el comité de empresa del Consistorio recuerda que se trataba de una mera prorroga de un programa ya en marcha y opina que el Consistorio no habría hecho todo lo posible por mantener vivo el mismo hasta que llegase la resolución definitiva sobre las subvenciones autonómicas.
