La Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha intervenido en una operación en la localidad gaditana de Barbate un total 47.100 boletos de lotería ilegal de la conocida como 'La Paloma', una organización no autorizada por la Junta de Andalucía para la celebración, organización y distribución de sorteos paralelos al de la ONCE y que tiene su ámbito de actuación en la provincia de Cádiz. El valor en el mercado de estos boletos es de 23.550 euros, dado que se venden al precio unitario de 50 céntimos de euro.
Según indican a Europa Press fuentes de la Delegación de la Junta en Cádiz, los boletos intervenidos se agrupaban en tiras de cuatro boletos aún sin cortar que se distribuían en cantidades diversas según el vendedor al que fueran dirigidos.
La operación se ha llevado a cabo tras varias investigaciones por parte de la Policía de la Junta en las que se pudo averiguar el día en el que se iba a hacer la entrega de los boletos en la ciudad de Barbate, pese a que siempre se realizaba en días aleatorios para eludir el control policial.
Tras conocerse la fecha de la entrega de los boletos de los sorteos de la semana del 17 al 23 de noviembre, los agentes pudieron localizar a los organizadores en Barbate cuando portaban en una caja de cartón los 47.100 boletos. Durante la actuación también les fue intervenida la cantidad de 775 euros y diversa contabilidad relacionada con esta organización.
Tanto los boletos intervenidos como la documentación ha sido remitida a la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz al objeto de que el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos instruya el correspondiente expediente sancionador.
La organización 'La Paloma' carece de fines sociales y no se encuentra entre sus objetivos la integración de las personas que venden sus boletos, y a los que denominan "voluntarios" o "colaboradores" y que no están dados de alta como trabajadores.
Esta organización, que estaba dirigida por padre e hijo de una misma familia, disponía de una red de distribución integrada al menos por 32 vendedores que reciben cinco céntimos por cada boleto que venden, además de la "propina" que se exige a la hora de entregar el premio.
Hay que recalcar que en estos sorteos, que se realizan de lunes a domingo, sólo se pone en juego una parte de los 10.000 números que componen la serie. Con ello, disminuye la posibilidad de que el primer premio (1.100 euros) tenga que ser abonado y como los restantes premios son "minúsculos", de 15 euros el segundo y cinco euros el tercero, los beneficios para los organizadores se disparan.
DOBLE DE ACTUACIONES EN 2014 QUE EN 2013
Las actuaciones de la Jefatura Provincial de Cádiz de la Unidad de Policía adscrita a la Junta contra el juego ilegal han permitido en lo que va de año la intervención en la provincia de Cádiz de 134.899 boletos de distintas loterías y rifas no autorizadas, duplicando así la cifra intervenida en 2013.
No en vano, Cádiz se ha convertido en la provincia andaluza donde se llevan a cabo más incautaciones contra estas loterías fraudulentas. La Policía de la Junta desarrolla estas actuaciones junto con el Servicio de Inspección de Juego de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, y dentro del Plan de Detección y Sanción del Juego Ilegal dispuesto por la Dirección General de Juegos y Espectáculos de la Junta de Andalucía.
Esta labor de la Unidad adscrita pretende erradicar la competencia ilegal que supone esta actividad para las organizaciones y empresas autorizadas en el sector del juego, y luchar contra el fraude que supone también para la Hacienda Pública al no pagar los impuestos reglamentarios.
Igualmente, el juego clandestino acarrea desprotección e inseguridad tanto a las personas que trabajan como vendedores sin estar sujetas a ninguna actividad reglada, como a los compradores, a los que en muchas ocasiones les resulta muy difícil cobrar el premio porque el boleto ni es un documento legal ni presupone un premio determinado ni aporta referencia alguna de la organización del sorteo.
Además, estos sorteos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que aumenta el beneficio que los organizadores obtienen por la celebración de los mismos.
