El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, defiende que "desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, el Estado ha ejecutado una inversión en la costa superior a los 340 millones de euros".
En una nota de prensa, De Torre responde así a las declaraciones del delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, en las que afirmaba que un 15 por ciento de chiringuitos de playa no se han regularizado porque la Demarcación de Costas "no hace parte de su trabajo".
El subdelegado del Gobierno en Cádiz recuerda además que, "en cumplimiento de los estipulado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, por Real Decreto 62/2011 de 21 de enero, que entró en vigor el 1 de abril, se produjo el traspaso de medios humanos y materiales de la Administración General del Estado a la Junta de Andalucía en materia de gestión y planificación litoral".
Al hilo, señala que "desde ese momento la competencia para tramitar, otorgar, modificar, caducar o extinguir los títulos de concesiones ordinarias y autorizaciones le corresponde a la Administración autonómica".
Estima De Torre que el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que "debe conocer perfectamente todas estas circunstancias, ya que fue Jefe de la Demarcación de Costas entre 2006 y 2008, así como también de la labor que durante los últimos 25 años se ha desarrollado por esta Demarcación en la costa no sólo para ordenar las instalaciones de chiringuitos, sino para mejorar la calidad de las playas, sus accesos e infraestructuras".
"Sería conveniente que la Administración autonómica hiciera pública la inversión que en playas ha realizado en estos 25m muy especialmente desde que el Decreto de transferencia les otorga la competencia en ejecución de obras, salvo aquellas que sean de interés general, que serán por cuenta del Estado", indica.
Asimismo, incide en que "desde la transferencia a la Junta en 2011, la Demarcación de Costas ha realizado inversiones en mejora de las playas, realimentaciones, reperfilados, accesibilidad al mar y recuperación de bienes inmuebles en Dominio Público Marítimo Terrestre por importe de 28,84 millones de euros; la Junta de Andalucía, nada".
"Y si algo ha invertido ha sido en aquellos terrenos integrados en Espacios Protegidos, cuestiones que son de su plena competencia, pero no en materia de Costas", ha apostillado.
En referencia a los chiringuitos, el subdelegado del Gobierno en Cádiz detalla que "aquellas instalaciones que han tenido título de concesión y que se encontraran con su plazo vencido antes de abril de 2011, pero que no se hubiera realizado el expediente para la extinción formal del título, la competencia para hacerlo recae igualmente en la Administración Autonómica, según han informado los Servicios Jurídicos del Estado y así se le ha comunicado a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta".
Por tanto, "la práctica totalidad de las instalaciones a las que se refiere Fernández en sus declaraciones han de ser regularizadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; aquellas que no sean autorizables, tras la tramitación pertinente, deberán ser retiradas, procediéndose por la Administración General del Estado a la recuperación posesoria del DPMT".
MEJORA DE LA SITUACIÓN
De Torre expone que el traspaso de competencias "produjo una masiva tramitación de concesiones de establecimientos de playa solicitadas por los Ayuntamiento costeros a la Delegación de Medio Ambiente, debido a la necesidad de aumentar las garantías y plazos de amortización de los inversores privados". Esta es "una cuestión que se ha visto mejorada significativamente tras la aprobación de la nueva Ley de 2013 por el Gobierno de España".
Asimismo, reseña que "las peticiones de informe de cada una de estas concesiones realizadas a la Demarcación han sido elevadas al Ministerio para la emisión del informe correspondiente", al tiempo que añade que "habida cuenta de lo reducido del plazo que otorga al Estado el Decreto de Transferencia, dos meses, una parte de los informes no fue emitido en plazo".
"En ningún caso la no emisión del informe por el Estado supone el no otorgamiento, ni retraso alguno en el trámite, ya que la Junta puede resolver de manera inmediata transcurridos los dos meses", apunta.
Abunda en que "la práctica totalidad de las concesiones se han otorgado sobre las arenas de la playa, en contra de lo establecido por la Ley, que lo permite con carácter restringido y siempre que se justifique la imposibilidad de ubicarse fuera de ella o sobre el paseo marítimo".
En este punto, manifiesta que "en algún caso, la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha otorgado, obviando de manera flagrante el informe desfavorable de la Administración General del Estado, emitido en plazo, y sin cumplir los requisitos que establece la Ley".
AUTORIZACIÓN "MANIFIESTAMENTE ILEGAL" EN CAÑOS DE MECA
Pone de ejemplo "los dos chiringuitos instalados en Caños de Meca, en Barbate, a los que la marea les bate su estructura; la Ley de Costas prohíbe de manera expresa la instalación de chiringuitos en la carrera de mareas", y desvela que "la Demarcación de Costas ha instado a la Junta de Andalucía a la declaración de nulidad de la autorización otorgada, por ser manifiestamente ilegal y contraria a lo establecido en la Ley de Costas".
En cuanto a la solicitud de mantenerse algunas de estas instalaciones durante todo el año, "no existe impedimento legal para ello, si bien deben considerarse factores diversos como el lugar de ubicación, el riesgo de alcance por los temporales y la exigencia de que presten su servicio durante todo el año, al menos cierto número de días durante la temporada baja".
"Es decir, que su permanencia sea para prestar un servicio que propiciará la desestacionalización del uso de las playas", reseña De Torre, que comenta que "las infracciones por exceso de ocupación se siguen produciendo al igual que antes del traspaso de competencias, desconociéndose del curso que se ha dado a las denuncias formuladas por ello y que se han puesto en su conocimiento".
El subdelegado del Gobierno en Cádiz concluye recordando que "el no cobro por causas de dudoso interés durante años por parte de la Demarcación de Costas, con informes de advertencia por parte de los funcionarios de la Demarcación, del canon por todas las ocupaciones autorizadas, principalmente de chiringuitos, durante los años en los que Fernández fue jefe de la Demarcación de Costas, ha provocado un menoscabo irrecuperable a las arcas públicas del Estado de cientos de miles de euros".
