La sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), tras recurrir éste una resolución de la Dirección General de Transportes de la Junta de Andalucía que, a fecha de 13 de marzo de 2012, le reclamaba 3.445.297,47, 6.350.662,58 y 6.977.892,56 euros, en concepto de diferencia tarifaria derivada de la explotación del metro en relación a las anualidades de 2009, 2010 y 2011, respectivamente.
En su sentencia, emitida el 25 de noviembre y recogida por Europa Press, expone que el Consistorio de Sevilla recurrió dicha resolución alegando que la resolución fue dictada "incumpliéndose" por parte de la Junta el Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento hispalense para la construcción y puesta en funcionamiento de la Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla, con fecha 10 de junio de 2002.
Asimismo, el Consistorio alegaba "la falta de competencia" de la Dirección General a la hora de efectuar las correspondientes liquidaciones del déficit tarifario del metro, es decir, la diferencia entre el coste real de los viajes y el precio que el viajero abona, a lo que el Ejecutivo autonómico se opuso defendiendo el cumplimiento del convenio, la competencia de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y las atribuidas a la Dirección General de Transportes.
Según establece el Alto tribunal andaluz en su escrito, dicho convenio tiene "fuerza vinculante hasta en tanto no se declare bien su invalidez o bien su ineficacia sobrevenida", habiendo quedado demostrado en el expediente que las decisiones sobre el proyecto fueron tomadas "unilateralmente sin participación del Ayuntamiento, afectando a los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional que debería haber regido la relación convencional".
Es por tanto que el TSJA ha estimado el recurso del Consistorio, ya que considera que la resolución impugnada ha sido dictada por "órgano incompetente", determinando la anulación del acto.
Así las cosas, impone hasta un importe máximo de 600 euros a la Administración andaluza en concepto de costas judiciales y declara que contra su sentencia cabe recurso de casación.
COSTES PARA TODOS
Recordemos que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, había manifestado en el pleno del Parlamento que los cuatro ayuntamientos por cuyos municipios discurre la Línea 1 del Metro de Sevilla adeudarán al cierre de 2014 a la Junta de Andalucía un total de 52,96 millones de euros por la financiación de su déficit tarifario, en concreto 41,68 millones el Ayuntamiento de Sevilla; 7,32 millones el Ayuntamiento de Dos Hermanas; 2,58 millones el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y 1,38 el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
No obstante, justo un día después, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA daba un giro a esta situación. Y es que el Alto tribunal andaluz fallaba en favor del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, gobernado por el socialista Fernando Zamora, después de que éste recurriera también la resolución de la Dirección General de Transportes, que le reclamaba un total de 607.003 euros por la parte que correspondería a este municipio por el déficit tarifario del funcionario del metro durante los años 2009, 2010 y 2011.
