La Fiscalía Anticorrupción solicita multas millonarias y penas de prisión de casi 7 años de cárcel para dos exaltos cargos de CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, vinculados con la trama de corrupción 'Pretoria', que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
En concreto, pide una pena de 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra. Reclama para el primero una multa de 13,7 millones más el decomiso de la ganancias ilícitas obtenidas, por importe de 5,8 millones. Por su parte, Alavedra se enfrenta a una multa de 10,3 millones más el decomiso de 3,2 millones suplementarios.
El fiscal apunta en su escrito de acusación provisional, hecho público este lunes, que ambos mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol". A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Cataluña", planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados.
Precisa que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública. Para ellos utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos financieros.
8 AÑOS PARA UN EXDIPUTADO SOCIALISTA
El Ministerio Público solicita, además, para el exdiputado socialista Luis García, 'Luigi', presunto líder del grupo, 8 años de prisión y una multa de 22,6 millones y el decomiso de otros 5,8 millones de forma solidaria con cinco empresas.
En cuanto al exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, la petición alcanza los seis años y 10 meses de prisión, multa de 4,1 millones y el comiso de 1,1 millones y una vivienda de Barcelona. El exconcejal de Urbanismo Manuel Dobarco se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y una multa de 4,1 millones de euros.
Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
El resto de los acusados son los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel y multa de 1,5 millobes) y Manuel Carrillo (3 años y 19.440 euros); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel y 6 millones) y Philip McMahann (3 años y seis meses y 4,2 millones); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses y 630.000 euros); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses y 9,5 millones).
Las multas y comisos reclamados por el Ministerio Público para los 11 acusados ascienden a un total de 93,7 millones de euros.
COMISIONES "CARENTES DE TODA LÓGICA"
El fiscal asegura que, todos ellos, intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos benecifios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.
Las actuaciones investigadas son la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.
Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.
