Miembros de la Policía Nacional han detenido al menos a 14 personas esta semana en el marco de la operación 'Edu Costa' que trata de esclarecer si se produjo fraude en la financiación de cursos de formación en relación a subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011.
Fuentes policiales han explicado a Europa Press que en el periodo contenido entre los días 10 y 13 de febrero se han practicado un total de 14 detenciones, principalmente entre empresarios y empleados en centros de formación, a los que se ha imputado policialmente la presunta comisión de estafa, falsedad documental o fraude en la obtención de subvenciones.
En este sentido, las dos últimas detenciones se han practicado este viernes, de forma que la próxima semana se contempla el desarrollo de una nueva subfase entre los días 16 y 20. En total, según han precisado las mismas fuentes, las detenciones en la provincia de Almería podría ascender hasta a las 35 personas.
Cabe recordar que en la provincia de Granada se han registrado siete detenciones más de personas vinculadas a mercantiles dedicadas a la formación en otras provincias andaluzas, varias de ellas en Almería.
Entre los detenidos esta semana figuran el ya exconcejal del PSOE de Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega Paniagua, quien en la primera jornada acudió a sede policial junto a su exmujer, su hija y una empleada. En su caso, se investigan las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic SL, Infosol SL e Inmecamar SL, de las que ostenta la titularidad. El edil renunció a su acta tras su puesta en libertad con cargos.
Por el contrario, se mantiene como miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vícar el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Leseduarte (PSOE), quien también acudió a declarar tras ser acusado de un presunto delito de fraude en la obtención de subvenciones en relación al centro de formación 'Indalo', en el que presta servicios desde hace más de 30 años.
Así, quedó en libertad con cargos tras firmar su correspondiente acta de derechos del detenido por infracción penal, según han referido las mismas fuentes. No obstante, el edil ha negado su imputación policial en este caso, del que además se ha desvinculado.
De esta manera ha concluido la primera parte de esta nueva fase de detenciones coordinada por la UDEF, que además prevé registros domiciliarios y de empresas de Cádiz, Málaga y Almería a partir de su segunda parte.
