La jueza Mercedes Alaya ha decretado este jueves libertad con cargos para dos ex directores generales de formación que formaban parte de los 16 políticos andaluces detenidos en la operación Barrado por su relación con los cursos formativos, todos los cuales han sido puestos en libertad desde el martes.
Ayer quedaron quedado en libertad Manuel Brenes, ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, y Andrés Sánchez, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo.
De esta forma, han quedado en libertad nueve ex delegados provinciales de Empleo de Andalucía, cuatro ex directores generales y tres responsables de dos centros formativos públicos, uno de Mijas y otro de Almonte.
En las imputaciones leídas a varios delegados de Empleo, la jueza sostiene que existieron órdenes por parte de los superiores de la Consejería de Empleo para que sus subordinados no controlaran los cursos y beneficiaran electoralmente al PSOE.
La jueza cifra en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados entre 2009 y 2013, y atribuye esa actitud a la “desidia” o el “dolo” de responsables de la Junta.
Varios abogados han criticado que Alaya ordenara detenciones a políticos en activo o dedicados a otras funciones que no tenían riesgo de fuga, en vez de citarlos como imputados, lo que les habría evitado, a algunos de ellos, pasar dos noches en los calabozos.
Uno de los abogados, Alfonso Martínez del Hoy, que defiende a un exdirector general, ha denunciado la detención “innecesaria, desproporcionada y excesiva” ordenada hace dos días por Alaya, y ha afirmado que no descarta acciones legales porque cree que se han vulnerado “derechos fundamentales”.
