La siguiente podría ser una historia de tantas, con poco de particular. De hecho, se dan bastantes casos similares entre localidades costasoleñas y de otros ámbitos geográficos. En un cierto clima de confusión uno de los municipios empieza a ejercer jurisdicción urbanística sobre terrenos que, desde el punto de vista cartográfico pertenecen al otro. La situación se alarga en el tiempo, acaba surgiendo un conflicto y cada ayuntamiento defiende los intereses del suyo.
Lo curioso en el caso de la zona conocida como Calahonda Royale es que ha pasado, a grandes trazos, lo mismo que en Vega del Jaque y Cerro de El Colorao, donde la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, está encantada de que 198.000 metros cuadrados de su municipio pasen a pertenecer a Benahavís, suelo donde, casualidad o no, se encuentra su domicilio familiar y otros terrenos con intereses de su entorno personal, a cambio de unos 28.000 metros de escaso valor que entregaría Benahavís en contraprestación.
Pero no es ésa la postura, ni mucho menos, que mantiene el Consistorio marbellí en el caso de Mijas, cuyo alcalde, Ángel Nozal, también del PP, comunicó el 18 de diciembre a su homóloga marbellí que tenía prevista una modificación puntual de elementos del entorno de Calahonda Royale, recogida en su Plan General de Ordenación Urbana, y aprobada en Pleno municipal de aquella localidad el 29 de enero pasado.
Y hubo contestación. Fue un decreto de Alcaldía de fecha 17 de marzo al que ha tenido acceso VIVA y que, no solo muestra la oposición del Ayuntamiento de Marbella a la pretensión del de Mijas, sino que además refleja argumentos que resultan muy familiares, porque coinciden con los que llevan esgrimiendo desde hace meses tanto el movimiento ciudadano contra el deslinde con Benahavís, como los representantes de los grupos políticos de oposición, en relación con ese asunto.
La parte resolutiva del escrito, firmado por el vicesecretario del Ayuntamiento de Marbella, titular del órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local, decreta textualmente “formular oposición ante el Ayuntamiento de Mijas respecto a la aprobación inicial del documento de modificación de elementos” del PGOU de Mijas en lo referente a esta zona, “al entender que el mencionado documento invade y ordena suelo perteneciente al término municipal de Marbella”, con la calificación de suelo urbanizable no sectorizado.
Además, el texto señala que la actuación de Mijas “deberá limitarse a ordenar las determinaciones previstas por el Plan General de Mijas en suelo comprendido íntegramente en su término municipal”.
De hecho, en la exposición de argumentos recogida en el informe técnico que acompaña al decreto, Marbella le comunica a Mijas que “los planes generales no son los que fijan las delimitaciones de los términos municipales”, sino que “la ordenación territorial, prevalece sobre la urbanística”, es decir, que tienen que respetarse los planos recogidos por el Instituto Cartográfico.
Por contra, en numerosas ruedas de prensa y comunicados, el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, que es quien suele dar la cara por la alcaldesa en este asunto, ha repetido hasta la saciedad que el deslinde con Benahavís “reconoce una realidad preexistente como mínimo desde el año 1978”, es decir, que al menos desde ese año hay constancia de esos límites, siempre según la versión de Romero. Pues bien, en el caso de Mijas, el técnico le dice que la delimitación del plan general marbellí “es válida” porque así lo establece el replanteo de mojones realizado por el Instituto Geográfico Nacional en 1992 y que figuran en las actas de 1864, esto es, que esos son los planos y que no procede la “realidad preexistente”, parafraseando al edil marbellí, que supondría el hecho de que el suelo aparezca como propio en el PGOU de Mijas.
