La Fiscalía ha retirado este viernes la acusación contra seis de los nueve acusados en el juicio del caso Almazaras de Priego de Córdoba, en el que se vieron afectadas unas 2.000 familias por la compraventa de aceite de oliva con contratos "ficticios" en la campaña 2004/2005 y que reclaman más de 5,2 millones de euros por las pérdidas sufridas.
En concreto, en la última sesión del juicio en la que las partes han presentado sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha retirado la acusación contra el exsecretario de Almazaras de Priego N.R.J., el extesorero A.P.T. y el presidente, F.J.V.; los interventores M.M.S. y A.G.P., y el exdirector de la Caja Rural de Córdoba en Fuente Tójar F.M.M.A., porque considera que "no ha quedado suficientemente acreditada la autoría" en los hechos del delito continuado societario.
Mientras, ha mantenido la acusación contra el exgerente de Almazaras de Priego P.J.Q.C. por el citado delito, por el que pide para él un año de prisión y multa de 3.600 euros, tras los tres años de cárcel y multa de 36.000 euros que solicitaba en la calificación inicial, así como por el delito de administración desleal tras los contratos formalizados entre Jaraoliva y Almazaras, que supuso "un perjuicio económico" de unos 100.000 euros para la segunda, y por el que le pide seis meses de prisión, aunque en este caso se llegó a una conformidad con el pago de la citada cantidad.
Además, la fiscal ha retirado los cargos contra el exgerente respecto al delito de apropiación indebida sobre el uso de una tarjeta de crédito con gastos superiores a 12.000 euros, pero que fueron "para el trabajo", según sostiene la fiscal, quien también retira el delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito continuado de uso de documento mercantil falso, sobre distintas operaciones contables. También, pide que haga frente al pago de una indemnización de más de 3,9 millones de euros.
Igualmente, el Ministerio Público ha mantenido la acusación contra el representante de Jaraoliva y autor de los contratos formalizados entre Jaraoliva y la cooperativa Almazaras de Priego, J.P.P., y el representante legal de Baldomero Ruiz CB y comisionista, B.R.M., para los que ha pedido seis meses de cárcel a cada uno por la citada operación de Jaraoliva, en la que se llegó a la conformidad referida anteriormente. Respecto a dicha operación, ha retirado los cargos contra el exsecretario de Almazaras.
Por su parte, la acusación ejercida por la Asociación 'AlmaZeite' ha mantenido los cargos contra ocho de los nueve acusados, excluyendo en este caso al exdirector de la Caja Rural de Córdoba en Fuente Tójar F.M.M.A., quien ha abandonado la sala al no estar acusado ya en el caso. Desde dicha acusación piden penas de hasta siete años y seis meses de cárcel e indemnizaciones por más de 5,2 millones de euros.
"SE ALTERÓ LA DOCUMENTACIÓN"
Al respecto, el abogado ha expuesto que "se alteró la documentación" sobre la realidad contable de Almazaras en la campaña 2004-2005; ha habido "un falseamiento de las existencias de aceite de oliva"; la cooperativa dio "una imagen mucho más boyante de lo que tenía ante la Agencia Tributaria", a lo que añade que "han pasado diez años y nadie ha sabido hacer una reconstrucción de las cuentas".
Asimismo, considera que el exgerente "tenía el control y el dominio de las cuentas", de tal forma que asegura que "no era un simple comercial", sino que "conocía todo el entramado", según el letrado de la acusación en representación de la asociación de las 2.000 familias afectadas.
Entretanto, desde la acusación ejercida por la cooperativa, el abogado ha defendido su labor en esta causa, después de que "las dos querellas que han llegado a juicio ha sido por el trabajo de esta acusación".
LOS AFECTADOS
En cuanto a los afectados, el portavoz de 'AlmaZeite', Francisco Calvo, ha calificado de "bochornoso" que "la fiscal haya retirado las acusaciones", a lo que agrega que "siempre hemos creído en la justicia, pero no sé si a partir de ahora esto para los afectados significa un cambio de idea".
Así, critica que "después de diez años, con el escrito de acusación, donde se piden millones de euros de indemnizaciones y años de cárcel y ahora se retiran las acusaciones y nos quedamos en nada", ante lo cual se pregunta "¿para qué hemos estado diez años?".
Cabe destacar que los siete de los nueve acusados contra los que se siguió la causa, tras la conformidad sobre los contratos de Jaraoliva, negaron su participación en las operaciones contables objeto de la querella. Por la sala, en las ocho sesiones, han pasado exconsejeros de Almazaras, que han manifestado que se realizaron "operaciones de mucha envergadura, que no había seguridad de poder cumplir", algo que "generó el recelo" entre el exgerente y presidente.
También, han declarado varios economistas, que discreparon por las supuestas irregularidades contables, en el sentido de que uno de ellos indicó que "no hay ninguna razón" para que desde el consejo de Almazaras no se presentaran cuentas anuales en la citada campaña, al tiempo que advirtió de que "hay gastos que no se deberían haber imputado", así como algunas "operaciones con terceros".
Por otra parte, un segundo economista señaló que en el informe del anterior perito "se hacen elucubraciones contables", y ante "el cúmulo de irregularidades" en el que supuestamente se basa dicho documento, subrayó que "no se analizan" parte de las cuentas de la campaña.
LA QUERELLA INICIAL
Según consta en la querella inicial formulada por la cooperativa Almazaras de Priego, que fue presentada en julio de 2005, en marzo de ese año Almazaras compró a Jaraoliva una partida de dos millones de kilos de aceite por importe de 5.649.520 euros a razón de 2,82476 euros el kilo.
No obstante, el mismo día Almazaras vendió a Jaraoliva los dos millones de kilos de aceite por 5.553.360 euros, a razón de 2,77668 euros por kilo, "causando un perjuicio económico" de 96.162 euros en una operación de venta en la que supuestamente intervinieron como comisionistas el exgerente y B.R..
En el pago de mercancía adquirida se entregaron a Jaraoliva 20 pagarés por importe de 282.000 euros cada uno, firmados por el gerente y el secretario de Almazaras, y en la venta recibieron de Jaraoliva otros 20 pagarés por importe de 277.000 euros cada uno, "un diferencial de 5.000 euros de pérdida para Almazaras de Priego, por cada uno de los pagarés, entregados".
Por todo ello, la acusación considera que si dichas operaciones de compraventa de aceite "eran irreales, ya que existía un pacto de no entrega de mercancía", se trata de "un enorme fraude que ha ocasionado a la cooperativa enormes pérdidas, no solo por los diferenciales en precios del aceite, sino además por haberse pagado por la cooperativa comisiones al propio gerente, como a comisionistas".
Desde la Asociación de Afectados de Almazaras de Priego, 'AlmaZeite', subrayan que tras diez años aún siguen "sin cobrar ni un céntimo" de lo que se les debe a las 2.000 familias de cinco cooperativas de Priego, Almedinilla, Fuente-Tójar, El Cañuelo y Zamoranos.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo (TS) confirmó en marzo de este año las condenas de seis años y cinco meses de prisión a tres de los siete acusados del caso Almazaras, juzgados a raíz de una querella posterior por la supuesta comisión de delitos societarios, de falsedad y estafa en la compraventa de aceite de oliva, por casi 650.000 euros, en la campaña 2004/2005.
