La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía ha mostrado su "más absoluto rechazo" hacia conductas, actuaciones y opiniones que "menoscaben gratuitamente la labor de los letrados de la Junta de Andalucía" hasta el punto de criminalizarla, a raíz de la detención de una letrada que prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, que instruye la causa abierta sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
En una nota de la junta directiva de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, esta asociación ha precisado que presentó el pasado viernes 24 de julio una denuncia en el Juzgado de Instrucción de guardia por hechos que "podrían ser constitutivos de delitos de detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral", presuntamente cometidos por la UDEF de la Policía Nacional y de los que ha sido víctima una letrada de la Junta de Andalucía.
Esta asociación, que reconoce la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha reaccionado ante un hecho que "afecta directamente a la dignidad de unos de sus miembros".
En la nota ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla incoó diligencias previas en virtud de la denuncia presentada por el responsable de la empresa perdedora del concurso para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar.
Dentro de dichas diligencias, se dictó auto por el que se ordenaba a la Policía que tomara declaración a las personas integrantes de la mesa del concurso y a las que formaban parte de la comisión técnica encargada de evaluar las obras "descartándose en un auto posterior que debieran declarar en calidad de detenidas o imputadas".
No obstante, ha apuntado que a pesar de que los funcionarios conocían que serían llamados a declarar en sede policial y acudieron a ésta "libre y voluntariamente, colaborando activamente con el esclarecimiento de los hechos", se produjo su detención "en las mismas dependencias policiales antes de comenzar las declaraciones, siendo puestos en libertad al término de las mismas".
A juicio de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucia, dichas detenciones "innecesarias y desproporcionadas" se produjeron "orillando el mandato judicial y al margen de los supuestos tasados legalmente".
Considera que esta práctica "además de poner en peligro para todos los ciudadanos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ocasionan en las víctimas un daño moral gravísimo, añadiendo su repercusión mediática un perjuicio reputacional de difícil reparación".
La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, colectivo de funcionarios públicos de carrera ha asegurado que todos y cada uno de los letrados de la asociación "apoyan sin fisuras toda actuación judicial tendente a desterrar cualquier atisbo de comportamiento en las administraciones públicas desconocedor del respeto a la Ley y al Derecho".
No obstante, ha mostrado su "honda preocupación" por el "creciente recurso a la jurisdicción penal como vía ordinaria para el enjuiciamiento de la legalidad administrativa y por la actual tendencia a obviar el principio de intervención mínima del Derecho Penal".
En ese sentido, la asociación ha manifestado su "más absoluto rechazo" a aquellas conductas, actuaciones y opiniones que "para sostener discrepancias surgidas de la interpretación del ordenamiento jurídico, menoscaben gratuitamente la labor de los letrados de la Junta, hasta el punto de criminalizarla; más aún cuando las discrepancias respecto del criterio de especialistas acreditados en el mundo del derecho proceden de personas que carecen de la más elemental cualificación técnica".
Por todo ello, la Asociación de Letrados de la Junta, cuyos miembros "gozan de acreditada cualificación y vocación de servicio público", manifiesta la "firme determinación de acudir en defensa de sus asociados en todos aquellos casos en los que su honorabilidad, profesionalidad y dignidad se vean menoscabados gratuitamente por cualquier instancia o actuación".
