El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado archivar la causa abierta contra la exconcejal de Obras Públicas del Ayuntamiento madrileño de Parla Victoria Muñoz Agüera (PSOE) porque era la "máxima responsable" del departamento que gestionaba los pliegos de los contratos suscritos con la empresa Cofely, investigada en la causa sobre la red de corrupción Púnica.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado se opone, con el apoyo de la Fiscalía, a la petición de la antigua edil socialista de decretar el sobreseimiento de la proceso abierto contra ella en el marco de la causa en la que se investigan las actividades de la trama liderada por el secretario general del Partido Popular (PP) madrileño Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza.
La imputada alegó que no participó en la "génesis" de los pliegos ni tampoco intervino en las sesiones de la Junta de Gobierno local en las que se adjudicaron los contratos de eficiencia energética adjudicados a Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, y la auditora Ruta Energética.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica en su auto que tiene en cuenta esta alegación, así como la actuación de los asesores de confianza del entonces alcalde de Parla José María Fraile (PSOE) que "intervinieron muy de cerca en este contrato".
Velasco advierte de que está todavía en fase de elaboración un informe relativo a la contratación del servicio de suministro energético y mantenimiento del Ayuntamiento de Parla a favor de Cofely y, por ello, califica de "prematuro" archivar el caso de la edil socialista.
"La Concejalía de Obras Públicas de la que Muñoz Agüera es su máximo responsable, fue la Concejalía responsable de la gestión de los pliegos y evaluación de las ofertas, por lo que siendo prematuro el pronunciamiento sobre el sobreseimiento solicitado, desestima su solicitud", expone en el auto.
UN CONTRATO DE 66 MILLONES POR QUINCE AÑOS
El magistrado se opuso también hace unos días a decretar el archivo solicitado por la ingeniero municipal de Parla Elena María Fernández Pérez, al haber indicios de que permitió a Cofely participar en la redacción "a su medida" de un contrato público con una duración de quince años y un valor de 66,13 millones de euros.
El exalcalde de Parla José María Fraile (PSOE) aseguró el pasado 29 de octubre ante el juez Velasco que nunca conoció al presunto 'cerebro' de la trama Púnica, David Marjaliza, cuyo nombre leyó en los "periódicos", y que el consistorio no amañó ningún contrato para que resultara adjudicataria la empresa Cofely, si bien desconocía las "tripas" de esos pliegos.
El magistrado acordó para el antiguo regidor prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, después de que la Fiscalía Anticorrupción aludiera a una relevante llamada telefónica en la que un técnico relata cómo el Ayuntamiento adjudicaría este contrato, por valor de 66 millones de euros, a Cofely e incluiría una cláusula para seleccionar a la auditora Ruta Energética, que supondría un incremento de 88.000 euros anuales.
UN CENTENAR DE IMPUTADOS
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por
participar en la adjudicación de contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños y valencianos.
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.
En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.
El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el exinterventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.
