El pasado jueves tuvo lugar una nueva sesión plenaria con la que el Gobierno municipal pretendía cerrar el orden del día del anterior pleno, el ordinario del mes de septiembre.
El punto cuarto fue el más importante por su trascendencia, ya que se abordaba la aprobación de un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con este trámite, el Ayuntamiento da el visto bueno para el comienzo de las obras de adecuación y modernización de la planta depuradora de Arcos, con una inversión final de casi cinco millones de euros.
Estos trabajos, con independencia de la puesta al día que necesita la depuradora para corregir vertidos y otros aspectos, servirá también para que la ciudad cumpla con la normativa en cuanto a depuración, o al menos es lo que se pretende en pro del medio ambiente y para evitar, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, una sanción de la Unión Europea.
El equipo de Gobierno sostiene que, con independencia de sus virtudes medioambientales, las obras servirán para crear nuevos contratos laborales. Posteriormente, el alcalde, Isidoro Gambín (PSOE), ha señalado que se intentará por todos los medios que los trabajos puedan ser ejecutados con mano de obra local.
Inicialmente destacó en el Pleno una propuesta para la mutación del local municipal situado en el edificio Emprendedores a favor de la fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza de la Junta de Andalucía, cuyos servicios se instalarán en el citado edificio. Se trata del CADE, cuya función es el asesoramiento a los autónomos para la promoción y desarrollo de sus proyectos.
El punto salió adelante unánimemente, ya que, en suma, se persigue el desarrollo empresarial y, por ende, de los proyectos privados susceptibles de crear empleo.
Igualmente, se abordó una operación de renting de vehículos para la Policía Local, que ciertamente necesita renovar su flota por el deterioro y el constante uso de los coches patrulla, que incluso están operativos durante tres turnos de ocho horas al día. La oposición, a excepción de Arcos en Común, votó en contra al entender que la operación no es favorable desde el punto de vista financiero. En realidad, se trata de contratar con una empresa privada la utilización de vehículos, corriendo a cargo de la misma el mantenimiento. Para el equipo de Gobierno, se trata de una propuesta favorable a largo plazo porque el Ayuntamiento no tendría que correr con el gasto que ocasionan las constantes averías. No obstante, el punto aprobaba una operación, pero ahora hay que licitar la contratación para encontrar la oferta más favorable para las arcas públicas. Este punto en sí comporta una reserva de crédito –superior a la estimación del gasto final-- para garantizar la operación.
