La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alcalá la Real van a activar 161 contrataciones en el marco del Decreto de Inclusión Social, cuyos primeros contratos han dado comienzo este lunes 19 de octubre. Según ha explicado Cecilia Alameda, concejala de Presidencia “es un programa que viene a incidir en el compromiso municipal por el empleo, ofreciendo oportunidades laborales a personas y familias que se encuentran en situaciones de especial necesidad y desarrollando actividades de interés para la comunidad”.
La mayoría de estos contratos-123- estarán cofinanciados por el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento alcalaíno (55%- 45%). Si bien el Consistorio se hará cargo de todas las personas a las que no llegue la subvención autonómica y así el resto de los contratos- 38- estarán financiados en su totalidad por el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Se va a dar cobertura así a toda la bolsa de empleo.
Por ello, Alameda Olmo ha incidido en que“el compromiso del Ayuntamiento con los sectores más vulnerables da así un paso más, haciendo un esfuerzo presupuestario extraordinario, y mejorando las condiciones laborales de las personas contratadas, en una apuesta activa por el empleo y la solidaridad para favorecer la integración social”.
La financiación, por tanto, será de 65.410 euros aportados por la Junta de Andalucía y de hasta 85.000 euros financiados por el Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Las líneas de actuación se desarrollarán a través de un paquete de medidas comprendidas en los programas extraordinarios de ayudas a la Contratación de Andalucía, de Inserción Socio Laboral, así como en el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía.
Entre los requisitos de las personas beneficiarias se encuentran estar en situación de demandante de empleo, inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo y que no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud; que todas las personas que componen la unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en el mismo domicilio; que el importe máximo de los ingresos netos sea inferior al IPREM para unidades de una sola persona, inferior a 1.3 veces el IPREM para unidades de dos personas; inferior a 1,5 veces el IMPREM para unidades de 3 personas, o 1,7 veces el IMPREM para unidades de 4 o más personas.
Como último requisito se exige que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar de exclusión social o en riesgo de estarlo, con informe acreditativo de los Servicios Sociales Comunitarios.
