La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha subrayado este viernes su "firme compromiso con que el sector del taxi es un sector del transporte público, que necesita de una regulación y no se puede perder de vista en ningún momento que esa condición de transporte público tiene una vinculación especial con el Ayuntamiento".
Así lo ha manifestado Ambrosio (PSOE) en una rueda de prensa, después de que el Consistorio se ha personado en el recurso Contencioso-Administrativo planteado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), contra la ordenanza municipal reguladora del servicio del taxi, al entender dicha comisión que la normativa "perjudica" a los consumidores.
En este sentido, la alcaldesa ha defendido que "no puede ser un sector que se desregularice y deje de prestar el servicio a todos los ciudadanos", al tiempo que ha resaltado que "no se puede regular solo con criterios de mercado", motivo por el que considera que "ese condicionante de servicio público de transporte tiene que estar perfectamente regulado en la norma".
De este modo, ha recalcado que "el papel del Ayuntamiento es la defensa en cuanto a argumentos y criterios de que debe ser un servicio de transporte público y necesita una regulación", a lo que ha agregado que el sector del taxi tiene "una regularización con respecto al Ayuntamiento que ha tenido en cuenta todos los elementos en su proceso de negociación, que sigue vigente y va a seguir vigente".
Mientras, ha comentado que se prepara la documentación que le ha solicitado al Ayuntamiento la citada Comisión de la Competencia y se va a remitir a "todas las partes y cada uno de los sectores que se pudieran ver implicados por esta decisión", ha avanzado.
En concreto, el recurso de la comisión se produce ante "el silencio administrativo" del Ayuntamiento de Córdoba, que no ha presentado alegaciones a la primera comunicación de septiembre en la que se le instaba a modificar una serie de artículos.
Al respecto, desde Competencia insisten en que "la impugnación se hace ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por barreras a la competencia efectiva". Y justifica la decisión en la ordenanza "perjudica a los consumidores, excluye a nuevos entrantes y reduce la capacidad de los operadores instalados de adaptarse y competir con los nuevos modelos de economía colaborativa".
