El Gobierno ha aprobado el reparto del remanente del FLA del año 2014, un total de 7.889 millones de euros que se repartirán entre las autonomías que lo han solicitado y que por primera vez impone condiciones específicas a una de ellas, Cataluña, para asegurar el destino del dinero que se le facilita y evitar que se paguen "veleidades independentistas". El Ejecutivo autonómico recibirá 3.034,84 millones de euros de esa cantidad total.
Así lo han anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Montoro ha asegurado que hasta la fecha el Gobierno está seguro de que ni euro prestado a Cataluña se ha desviado del fin previsto, pero que "las circunstancias políticas" obligan a Hacienda a un mayor control.
Las razones que han llevado al Ejecutivo a dar este paso son las declaraciones de dirigentes catalanes abriendo la puerta a no cumplir la ley y a no pagar las deudas contraídas, por ejemplo, con las farmacias. También, la bajada de calificación de la deuda catalana por las agencias y la ocultación de 1.300 millones de déficit de 2014 que se ha conocido ahora.
EXIGENCIAS NUEVAS
Montoro ha subrayado, a preguntas de los periodistas, que las cuentas de la Generalitat no están intervenidas con estas medidas, que son sólo controles adicionales que no se hubieran aprobado de ser otro el panorama político catalán. "No es admisible que nadie dedique un euro a una actividad que no tiene amparo legal ni constitucional", ha dicho.
A lo largo de la legislatura, entre el plan de pago a proveedores, el fondo de liquidez autonómica y los nuevos fondos de facilidad financiera, la Generalitat ha recibido del Estado 52.962 millones de euros, casi el 30 por cietno del total repartido entre todas las comunidades y entidades locales desde 2012, que son 185.000 millones de euros.
APOYO A LOS FUNCIONARIOS
El desembolso de los nuevos 3.034 millones será por tramos y se abonarán, "única y exclusivamente", cuando la Generalitat cumpla adecuadamente con todas las medidas adicionales de control específico que recoge el acuerdo de la Comisión Delegada. Asimismo, se desembolsarán "directamente a favor de los correspondientes proveedores y otros acreedores, contra facturas o vencimiento, y en ningún caso a la Generalitat".
Por un lado, el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del Presupuesto autonómico (Generalitat y todos los organismos), para tener constancia de que los gastos que se van realizando "no contravienen el ordenamiento jurídico". El Estado va a prestar "el amparo necesario" a los funcionarios "para la ejecución de estas medidas", ha asegurado Montoro.
Fuentes del Ministerio han explicado al respecto que a partir del lunes, los empleados públicos catalanes podrán consultar en Administraciones Públicas la legalidad de cualquier actuación que se les pida. Será confidencial, la consulta no dejará rastro.
El Ejecutivo exige además la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas, creado este año y en el que se registran las facturas emitidas por todos los proveedores de todas las administraciones públicas adheridas. De esta manera, se podrá seguir el recorrido de cada una de ellas hasta asegurarse realmente de que ha sido pagada con ese dinero facilitado a la Generalitat.
Además de estas condiciones, las operaciones de endeudamiento del Gobierno catalán se aprobarán por parte del Ejecutivo de una en una.
NI UN EURO A VELEIDADES INDEPENDENTISTAS
Cristóbal Montoro ha insistido en que son medidas nuevas porque la situación política catalana también lo es, pero que en esta legislatura puede "garantizar" que "ni un euro" de todos los mecanismos de financiación han ido a parar a "veleidades independensitas" catalanas ni "ocurrencias" de otras CCAA.
"Ni un solo euro, que quede claro de una vez", ha respondido tajante a la pregunta de un periodista. "Somos capaces de explicar exactamente dónde ha ido cada euro", ha recalcado.
En este sentido, los fondos se destinarán, única y exclusivamente --y no preferentemente, como hasta ahora--, a pagar los gastos que correspondan a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) y se irán desembolsando a medida que se aporten las facturas o vencimientos, "es decir, pago a pago y sin anticipos".
Expecifida, no obstante, que se atenderán servicios públicos distintos de los anteriores únicamente cuando se presente una solicitud motivada y ésta sea autorizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
También tendrá prioridad las remuneraciones del personal de la Generalitat, gasto corriente, intereses y vencimientos, transferencias a Entes Locales o inversiones financiadas con fondos europeos.
DEBER DE INFORMACIÓN
Entre las condiciones, el Ministerio señala que el incumplimiento de remitir la información por parte de la Generalitat o si durante el proceso de revisión de la misma se detecta alguna irregularidad o ilegalidad, se podrán suspender los desembolsos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico.
Para ello, la Administración General del Estado prestará el amparo necesario a las autoridades y empleados públicos, incluidos los de la Generalitat, para que puedan ejecutar adecuadamente las medidas que se recogen en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Se prevé, en particular, que los mismos tendrán acceso a un sistema electrónico para informar de las dificultades que tengan para cumplir con sus obligaciones.
En cuanto al incumplimiento por la Generalitat de sus obligaciones de información respecto a los 1.300 millones de euros en diferentes operaciones presupuestarias, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, formado por la Intervención General del Estado, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística, llevará a cabo actuaciones inmediatas para la verificación y contraste. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas informará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del resultado de esta investigación.
El Ministerio aclara, en cualquier caso, que la aplicación de estas medidas se mantendrá hasta que desaparezca la situación e riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad. El Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos será publicado en el Boletín Oficial del Estado.
