De acuerdo con las conclusiones provisionales del fiscal, Txapote y Amaia, miembros del comando Donosti de ETA, decidieron atentar contra el concejal del PP aprovechando los datos que les había facilitado el también etarra Gregorio Escudero Balerdi, ya condenado por estos hechos, que se encargó de vigilar a la víctima durante varios días.
El 8 de enero de 1998 Escudero Balerdi trasladó a los dos procesados desde Andoain al apeadero de la estación de Añorga, desde donde Txapote y Amaia fueron en tren a Zarauz.
Los acusados localizaron el vehículo del concejal en un garaje de Zarauz, en cuyo interior Amaia colocó bajo el asiento del conductor un artefacto explosivo –compuesto por unos 1,5 ó 2 kilos de amosal y cloratita–, mientras Txapote efectuaba labores de vigilancia.
Una vez colocado el artefacto regresaron en tren hasta Añorga, donde fueron recogidos de nuevo por Gregorio Escudero que les llevó a Andoain.
A la mañana siguiente, el 9 de enero de 1998, Iruretagoyena cogió su vehículo que estaba estacionado en el garaje e inició la marcha hacía su lugar de trabajo.
El artefacto explotó poco después a la altura de la calle Urdaneta, causando la muerte al concejal del PP, además de heridas de diversa consideración a otra persona. Por estos hechos, el fiscal acusa a Txapote y Amaia de los delitos de estragos terroristas, asesinato terrorista y lesiones terroristas y, además de 61 años de cárcel para cada uno, pide una indemnización de 300.000 euros para la viuda e hijos de la víctima.
También solicita que se imponga a los acusados la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de Zarauz y de cualquier tipo de comunicación –oral o escrita– con los familiares de la víctima durante cinco años a partir del cumplimiento de la pena.
El juicio del próximo jueves no será el primero en el que García Gaztelu, dirigente del aparato militar de ETA hasta su detención en febrero de 2001, y su compañera sentimental se sientan juntos en el banquillo de los acusados. Ya fueron juzgados en 2006 por los asesinatos del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, por el que fueron condenados a 50 años de cárcel, y del edil socialista José Luis Caso, crimen del que fueron absueltos por falta de pruebas.
En este último juicio los dos acusados fueron expulsados de la sala por “la falta de respeto” y el “desprecio” que mostraron hacia la Justicia, según dijo entonces el presidente del tribunal Alfonso Guevara.
Su actitud de indiferencia tampoco pasó desapercibida durante el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el que quienes terminaron expulsados de la sala fueron los familiares del edil fallecido por los gritos proclamando Justicia que profirieron tras la intervención del fiscal.
Txapote, que el pasado mes de diciembre fue entregado por Francia definitivamente para afrontar los procedimientos penales que tiene pendientes, ya ha sido condenado a penas que suman casi los 300 años de cárcel por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, el edil socialista Fernando Múgica y el también concejal del PP Gregorio Ordóñez.
