La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha manifestado su apoyo "sin reservas" a los imputados llamados a declarar a finales de marzo, entre los que se encuentra la concejal de Participa Cristina Honorato, tras "manifestarse pacíficamente" en una oficina bancaria en noviembre para reivindicar una solución para las familias de Coria del Río que llevaban más de seis meses acampadas frente a la entidad "sin una solución a sus justas reivindicaciones".
A través de un comunicado, la asociación señala que defender los derechos humanos "no es algo abstracto o teórico sino que exige una participación activa de denuncia, propuestas y sensibilización". "Querer criminalizar a las personas que reivindican el derecho a la vivienda frente a los abusos de la banca va, a nuestro modo de ver, en la dirección contraria de las demandas básicas de las personas", añade.
Advierte de que en distintas ocasiones ha indicado que las administraciones "han dado y dan la espalda a las demandas justas de tantas personas que se ven obligadas a salir a la calle y movilizarse para que sus derechos no sean vulnerados".
Desde la Apdha, se entiende que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. "Ante la dejación sistemática de sus funciones entendemos que la población debe organizarse y dar respuesta a las necesidades básicas que le son denegadas", agrega.
Considera que las personas que se "solidarizaron" el pasado 11 de noviembre en todo el Estado en favor de las familias de Coria del Río, estaban "cumpliendo con su deber ético y de justicia social y que no se debe judicializar ni querer poner mordazas a la solidaridad".
Ve necesario y urgente que las administraciones públicas hagan frente al problema implementando la creación de un parque público de viviendas en régimen de alquiler, asegurando que la vivienda debe abordarse atendiendo "el interés social no como un negocio especulativo". "Desde Apdha exigimos soluciones efectivas para abordar la problemática de la vivienda y la no criminalización de los movimientos sociales que reivindican los derechos humanos, en este caso, el derecho a techo", concluye.
