Dos jóvenes estudiantes de Almería se enfrentan a penas de un año de prisión después de que uno de ellos se hiciera pasar presuntamente por el otro para presentarse a unas pruebas de acceso a enseñanzas de grado superior.
La Fiscalía atribuye a ambos la presunta comisión de un delito de falsedad en documento públicos, por lo que, al margen de la pena privativa de libertad, interesa el pago de sendas multas de 12 meses a razón de seis euros al día.
El Ministerio Público recoge en su escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, que a principios de septiembre de 2014, J.F.P. y S.S.M. se habrían concertado para que el primero de ellos se presentase haciéndose pasar por él segundo a un examen.
En concreto, se trataba supuestamente de que "superase" unas pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, convocadas por la Junta de Andalucía.
Así, según indica la fiscal, el 5 de septiembre de 2014 J.F.P. se personó "de acuerdo con los previamente acordado" en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Argar de la capital, donde habían sido convocados los aspirantes a las pruebas.
A continuación, "fingiendo" ser S.S.M., habría entregado su DNI para ser admitido y habría realizado el examen "en su nombre".
Para el Ministerio Público los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial de los artículos 392.1 y 390.1 3º del Código Penal en su anterior redacción a la Ley Orgánica de 2015.
No obstante, el abogado que ejerce la defensa de uno de los jóvenes ha cuestionado lo proporcionado de la acusación, cárcel y multa con responsabilidad personal en caso de impago, con respecto a la conducta que se castiga.
En declaraciones a Europa Press, el letrado José Carlos Segura ha considerado una "barbaridad" la pena interesada y se ha preguntado cuánta gente conoce que es "un examen de este tipo es un documento oficial".
"De acuerdo que el desconocimiento de la norma no exime de su incumplimiento pero en este caso estaríamos ante un error insalvable porque estoy seguro de que el 99,9 por ciento de los jóvenes desconoce que se trata de un documento oficial".
Segura de Rus ha destacado, asimismo, el "descalabro" que supone para ambos acusados el ir a juicio ya que, en el caso de su patrocinado, "está actualmente trabajando y estudiando con buenas notas, se ha independizado de sus padres y vive de alquiler".
Ha indicado, en esta línea, que cometieron "un error" con la única intención de "poder seguir estudiando". "No han perjudicado a nadie y, aunque sea una conducta reprochable, no crea alarma social como para que les pidan pena de prisión".
"Que vayan a juicio es bastante desproporcionado ya que creo que se podía haber solucionado con una multa en vía administrativa o sancionado con consecuencias académicas. Este tipo penal les amenaza con privación de libertad y les quedarían antecedentes", ha concluido.
