La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha exculpado al Estado de responsabilidad en el asesinato de la hija de Ángela González, muerta a manos de su progenitor, el ex marido maltratador, durante un régimen de visitas impuesto por un juez. Le niega la reparación que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió cuando condenó a España por este caso.
Así lo ha anunciado este jueves Women's Link, cuyas letradas se han hecho cargo de la representación de Ángela y que el pasado 2014, después de que la CEDAW condenase a España por entender que no se había protegido a la mujer y a su hija, acudieron al Ministerio de Justicia primero y a la Audiencia Nacional, después, reclamando una indemnización para la afectada. En ambos casos, le ha sido denegada.
"La denegación de esta indemnización supone, en la práctica, no reconocer la responsabilidad del Estado español en este caso. Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del estado que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea", señala la abogada de Women's Link Gema Fernández.
Según explica en un comunicado, el argumento principal que utiliza la Audiencia Nacional es que este proceso ya se juzgó en el año 2004, cuando negó la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la hija de Ángela, que pereció a manos de su padre cuando tenía siete años.
Women's Link incide en que "con este argumento, el alto tribunal ignora que en el año 2014 el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas emitió un dictamen condenando a España y que expone todos los fallos cometidos por el sistema judicial en el examen del caso de Ángela". También declaró la obligación del Estado de revisar nuevamente el caso e indemnizar a la mujer "adecuadamente".
"La firma y ratificación de convenios internacionales obliga al Estado español a proteger y garantizar derechos. España es parte de la CEDAW y no puede pretender que las decisiones del Comité no tienen ningún efecto sobre sus instituciones. Esto supone un déficit democrático muy grave que no podemos aceptar", señala Fernández.
En su opinión, "esta decisión supone una injusticia más para Ángela, que lleva 13 años buscando justicia y que casos como el suyo no se vuelvan a repetir".
"Si el Estado acatara las decisiones del Comité CEDAW, mujeres como María Salmerón o Susana Guerrero no tendrían que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisión con los padres maltratadores", afirma la letrada.
Incide en que "el Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables".
LUCHANDO DESDE ABRIL DE 2003
La pelea de Ángela González se remonta a abril de 2003, cuando su hija fue asesinada. Un año después pidió responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia por un "anormal funcionamiento que terminó con el asesinato de Andrea".
En 2011 el Constitucional inadmitió esa reclamación exculpando a las autoridades, pero en 2014 la CEDAW de Naciones Unidas dijo lo contrario, condenando al Estado español. En octubre de aquel año se presentó el recurso contra la denegación del Ministerio de Justicia de aquella primera responsabilidad patrimonial solicitada y ahora, la Audiencia Nacional lo rechaza.
