El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y contratación del servicio de alquiler de audioguías de la Alhambra, ha dictado un nuevo auto en el que amplía el objeto de la investigación e incluye a diez nuevos investigados.
Estas diez personas se suman a las seis que ya estaban en la causa en calidad de investigados, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.
El juez también amplía los delitos que pudieran haberse cometido en distintas contrataciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife y ve indicios de delitos de falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias y cohecho, todo ello, formando organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal.
Esos delitos se suman a los que ya se estaban investigando de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
En el auto, notificado este miércoles, señala que en el curso de la investigación patrimonial ordenada y realizada por el Grupo de Delitos Económicos, examinado y estudiado su contenido, "a la vista del mismo y documentación adjunta, se desprenden la existencia de nuevos indicios de responsabilidad" y "se estima la concurrencia de existencia de nuevos indicios de delitos, contra personas concretas, por hechos concretos e indicios precisos, por nuevos delitos".
Junto a los nuevos investigados, el juez también amplía el objeto de la investigación a siete nuevas empresas que mantuvieron relaciones contractuales o comerciales con el Patronato de la Alhambra y el Generalife.
En el auto, el juez solicita, además, nuevas diligencias como los contratos concertados con el Patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicados tanto a las personas físicas como a las empresas investigadas.
La causa que sigue el Jugado de Instrucción número 4 de Granada se abrió después de que el pasado 14 de julio de 2015 admitiera la querella presentada por el Ministerio fiscal contra la entonces directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y otras cinco personas más por las presuntas irregularidades cometidas en el servicio de audioguías del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
El titular del Juzgado incoó entonces diligencias previas para investigar los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales recogidos en dicha querella de la Fiscalía, que cifró en más de 5,41 millones de euros el posible fraude a las arcas del patronato.
