El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha señalado este miércoles que la diferencia entre el coste de explotación y el volumen de ingresos para el primer año una vez entre en funcionamiento, "antes de final de año", el metro de Granada será de 2,3 millones de euros, si bien para 2020 se vería reducido a 1,3 millones, cantidad que "se repartiría entre la Junta y los ayuntamientos en proporción a la población".
Así lo ha señalado en comisión parlamentaria, donde ha precisado que la estimación de usuarios, tras la experiencia de los metros de Sevilla y Málaga, para el primer año asciende a 11,5 millones y para el cuarto año, a 14 millones de viajeros.
De igual manera, el consejero ha resaltado la transparencia en los datos económicos de este proyecto y ha instado a "todo el que quiera" a analizarlos. "Está claro por todos lados, quien quiera tiene acceso y podrá ver en qué se ha gastado del primero al último euro".
"Se puede intentar criticar, pero no dejar en el aire una duda maliciosa sobre si estamos haciendo un ejercicio carente de transparencia", ha subrayado.
Felipe López ha recordado el acuerdo alcanzado entre la Junta y los ayuntamientos granadinos de Albolote, Maracena y Armilla para flexibilizar el calendario de pago de su participación en la inversión el metro --en la línea de lo acordado con anterioridad con el consistorio de la capital granadina--.
Tras este acuerdo, estos tres municipios se beneficiarán de un nuevo calendario de pago de la aportación municipal al metro, que se extenderá a un plazo de 30 años a partir de 2018, una vez hayan concluido las retenciones por las liquidaciones ya practicadas a los cuatro consistorios por las certificaciones de obra del periodo 2007-2011, que ascendían a 11,9 millones de euros.
Así, a partir de 2018 y hasta 2048, los municipios aportarán su participación por el resto de la inversión, es decir, las cuantías correspondientes por las certificaciones entre 2012 y la finalización de la obra, prevista este año.
De acuerdo al convenio en vigor, los municipios, que aportan el 17 por ciento de la inversión en esta infraestructura (distribuido entre las cuatro administraciones locales en función de su peso poblacional) descontado el importe del material móvil, tendría que haber iniciado el pago a partir del inicio de la construcción del metro ligero, en 2007, y haber ingresado un tercio de esta cuantía en la fase de obra.
Los dos tercios restantes se programaban durante un periodo de 30 años a partir de la finalización de la obra. La inversión real prevista del metropolitano, es decir, excluyendo material móvil, gastos de pre-explotación, tributos e intereses financieros, se eleva a 450 millones de euros, cuantía sobre la que se pondera la participación de los municipios.
Ese 17 por ciento de la inversión real se desglosa entre un 82,9 por ciento de la capital; un seis por ciento de Maracena; un 5,90 por ciento de Armilla, y un 5,17 por ciento en el caso de Albolote. El 83 por ciento restante corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda.
"CAMPO DE ENFRENTAMIENTO POLÍTICO"
Por su parte, el diputado por Ciudadanos Carlos Hernández White ha saludado la noticia de la entrada en funcionamiento del metro para finales de año y valorado el acuerdo entre las diferentes instituciones, del "mismo signo político", ya que es "algo que no ha ocurrido en el caso de Málaga", por lo que ha pedido "no hacer de estos proyectos un campo de enfrentamiento político".
Al hilo de esto, el consejero del ramo ha destacado que "el consenso está por encima de circunstancias y color del ayuntamiento". "Se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada cuando estaba el PP y también cuando estaba el PSOE", ha apuntado.
La diputada de Podemos María del Carmen Molina ha valorado que este proyecto no haya contado con "los agujeros negros de déficit y sobrecoste" de los de Málaga y Sevilla y que la Junta se haga cargo del 83 por ciento teniendo en cuenta las dificultades económicas de los ayuntamientos".
Molina que no ha dudado sobre la rentabilidad social del metro en Granada, sí ha cuestionado la rentabilidad económica y ha preguntado por cuál sería la cifra de usuarios necesarios para alcanzar esta rentabilidad.
Por su parte, la diputada del PP-A Vanesa García ha criticado la actitud "sumisa y obediente" de los cuatro alcaldes de Granada a la Junta y ha considerado que "era razonable" la flexibilización de los pagos de estos para que empezaran a contar los 30 años a partir de 2018.
No obstante, ha criticado que a estos ayuntamientos se les haya retenido una parte de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica) "sin que vieran ni una sola certificación de las obras"
García también ha reclamado que la subvención europea de 263 millones que ha llegado para el metro de Granada se reparta entre todos las administraciones que aportan fondos y "no se la queda al cien por cien la Junta". "Si la Junta se resta estos 263 millones no va a pagar el 83 por ciento, si no mucho menos", ha subrayado.
Por su parte, el diputado socialista Miguel Castellano ha señalado el "avance" que supone este obra para los granadinos y ha saludado el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos.
