l fiscal para delitos de odio y discriminación de Barcelona ha pedido diez años de cárcel para tres neonazis por una agresión a dos extranjeros a las puertas de una discoteca de la capital catalana la madrugada del 29 de marzo de 2015.
En su calificación previa al juicio, el fiscal relata que un grupo de unas siete personas de estética 'skinhead' de extrema derecha, entre los que estaban los tres acusados, atacaron a un ruso y a un rumano en la calle Almogàvers gritando consignas nazis.
Se abalanzaron contra ellos, les golpearon con puñetazos y patadas y, uno de los integrantes del grupo sacó una navaja amenazándolos: "Os vamos a matar, hoy no llegáis vivos a casa", según recoge el escrito de acusación.
Las dos víctimas --que vestían con estética 'sharp', de extrema izquierda-- se defendieron como pudieron y escaparon en busca de ayuda hasta encontrar a un agente de la Guardia Urbana; luego, cuando pensaban que el grupo de neonazis ya se había ido, regresaron a la discoteca a buscar a unas amigas.
Allí fueron nuevamente abordados por los agresores, en esta ocasión pertrechados con botellas de cristal, y volvieron a atacarles, hasta que los acusaros escaparon cuando llegó la Guardia Urbana.
Las dos víctimas sufrieron traumatismos y requirieron de puntos de sutura y necesitaron de varios días de baja.
Uno de los acusados, Alberto, está vinculado al movimiento neonazi en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y había sido identificado en varias ocasiones por llevar armas.
Otro de los neonazis, Fernando, pertenece al movimiento skinhead de Barcelona y la comarca del Maresme, mientras que la acusada Lolerei R., también tiene una vinculación "directa y prolongada" con entornos radiales, según la Fiscalía.
MOTIVOS IDEOLÓGICOS
El fiscal pide para ellos cinco años de cárcel por cada uno de los dos delitos de lesiones con instrumento peligroso, al contemplar los agravantes de abuso de superioridad y el de cometer los hechos por motivos xenófobos e ideológicos.
También solicita que indemnicen conjuntamente con 5.000 euros a una de las víctimas y 4.000 a la otra, y que tampoco puedan acercarse a ellos por un tiempo de cuatro años superior a la condena.
