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Córdoba

Urbanismo rescata el Plan de Protección de la Sierra

El objetivo del mismo es "la protección y puesta en valor" de las 30.000 hectáreas de la Sierra de Córdoba inscritas en el término municipal

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El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, ha anunciado este jueves el rescate y reactivación del expediente para la conclusión y puesta en marcha del Plan Especial de Protección de la Sierra de Córdoba, que el anterior gobierno municipal del PP "dejó en un cajón desde 2011".

En rueda de prensa, García, quien ha estado acompañado por José Roldán, en representación de la Universidad de Córdoba (UCO), que viene colaborando con el Consistorio en la preparación del Plan desde 2005, ha destacado que el objetivo del mismo es "la protección y puesta en valor" de las 30.000 hectáreas de la Sierra de Córdoba inscritas en el término municipal, para el disfrute de la ciudadanía.

García, a quien también ha acompañado en la rueda de prensa el gerente de la GMU, Emilio García, ha recordado que el documento elaborado con el apoyo de la UCO fue aprobado inicialmente en 2010, y en mayo de 2011 quedaron resueltas las alegaciones al mismo, pero "desde entonces se ha quedado en un cajón, por la decisión política del anterior gobierno" local, mientras que el actual gobierno de PSOE e IU lo ha retomado, para llevar a aprobación provisional y luego definitiva este "estratégico" y "complejo" plan.


En este contexto, la labor de la UCO, según ha detallado José Roldán, ha consistido en establecer un plan de gestión de usos, para dar lugar así a una relación de actuaciones posibles, siempre en la parte rural de la Sierra de Córdoba, sin implicar a las urbanizaciones existentes en la misma.

Por su parte, el gerente de la GMU, Emilio García, ha indicado que, mediante este plan, por ejemplo, "se potenciarán los nodos de recepción e información para el visitante" en lugares como la barriada periférica de Trassierra, siendo preciso, en cualquier caso, adaptar el documento ya aprobado inicialmente a la normativa actual, de lo que habrá de informar la GMU, antes de que su aprobación provisional por la junta de gobierno local.

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