Nunca 50 céntimos dieron para tanto; al menos, desde el punto de vista político. Son los 50 céntimos de subida que ha experimentado este verano la entrada de Piscinas Jerez. El PP denunció hace más de dos semanas que esa “sobretasa” no estaba recogida en el pliego de condiciones de la concesión y viene exigiendo desde entonces una respuesta por parte del Gobierno local. La respuesta llegó este viernes, aunque en forma de contraataque y para abrir un nuevo frente entre ambas formaciones en el que, en ambos casos, ya apuntan hacia los juzgados.
Lo que el PP denunció en el origen del conflicto fue que el Ayuntamiento podría estar cometiendo un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir que la empresa privada que gestiona el complejo cobre una sobretasa de 50 céntimos a cada usuario sin que ese ingreso extraordinario repercuta en las arcas públicas.
Sin embargo, el Gobierno local remonta ahora esas “presuntas” irregularidades al año 2013, cuando el ejecutivo del PP adjudicó la explotación de las instalaciones, y ha decidido poner el asunto en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Según ha expuesto la primer teniente de Alcaldesa, Laura Álvarez, en el pliego de condiciones de esta concesión se permitía a la empresa la subida de tarifa anual con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local y también se estipulaba que la empresa haría entrega al Ayuntamiento 175 entradas de tarifa ordinaria, 180 de tarifa reducida y 55 bonos mensuales. Sin embargo, “el gobierno de García-Pelayo modificó los pliegos de la concesión de este servicio por la vía de los hechos, desequilibrando la concesión a cargo de las arcas municipales al implicar que el concesionario no pagó al Ayuntamiento durante tres años el canon al que estaba obligado”.
Álvarez argumenta que en 2013 el gobierno del PP “compró a la empresa concesionaria 2.740 entradas por valor de 9.977 euros, al margen de los pliegos de la concesión, sin procedimiento legal, sin justificación del motivo de la compra y desconociendo a quienes se repartieron, como se deduce en un informe de la Intervención Municipal. Esta compra de entradas, fuera de los pliegos de concesión, se llevó a cabo sin procedimiento legal. En el Ayuntamiento no consta un previo acuerdo, ni hay justificación alguna de por qué se compraron y tampoco se sabe a quienes se repartieron y con qué criterio”.
La delegada ha explicado igualmente que se tiene constancia de que en 2014 se llevó a cabo una compensación del canon concesional que tenía que pagar el adjudicatario, por un importe de 11.121 euros anuales, con la factura de la compra de entradas, “por tanto, el Ayuntamiento se quedó sin recibir el ingreso del canon del primer año”.
Álvarez también relató que en 2014 el asunto “reviste mayor importancia, ya que este año el adjudicatario solicitó la subida de las tarifas y el gobierno del PP supuestamente llegó a un acuerdo con la empresa, por el que a cambio de no subir las tarifas, de nuevo el Ayuntamiento compraba entradas para luego compensarlas con cargo al canon de la concesión. “En este caso, el Ayuntamiento compró 4.000 entradas y un carné de temporada, valorado todo ello en 23.000 euros, todo fuera de los pliegos de concesión”.
Una situación de la que han tenido constancia ahora cuando la empresa adjudicataria ha solicitado al actual Gobierno municipal la compensación del canon con esta compra de entradas.
Explicaciones
El PP, por su parte, ha señalado que le “preocupa especialmente” el hecho de que tras la denuncia realizada sobre las subidas de precios, “el PSOE no haya dado explicación alguna, ni haya tomado ninguna decisión que permita poner fin a esta grave irregularidad. Por el contrario, sus últimas actuaciones demuestran que se encuentra contra las cuerdas en este escándalo, y por ello, su única reacción ha sido atacar a los populares con mentiras fácilmente desmontables”.
Así, el pliego de condiciones de la adjudicación de las instalaciones, en el que se establece que “el Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario un mayor número de entradas de día o bonos de los establecidos. Con objeto de mantener el equilibrio del contrato procederá entonces la reducción del canon por los importes de dichas entradas y bonos a precios de la tarifa de la piscina, produciéndose así la compensación de los mismos”. Según el PP, existe por un lado la “obligación del adjudicatario de poner a disposición del Ayuntamiento un número de entradas gratuitas de las que se benefician las personas con menos recursos y colectivos sociales, y por otro lado, tal y como se ve en el pliego, el Ayuntamiento puede solicitar más entradas de las que estaban previstas de las que el licitador hubiera fijado en su oferta”.
Según el PP, lo que denuncia el gobierno socialista, “no sólo está recogido en pliego, sino que el actual Gobierno socialista está haciendo uso de esta misma cláusula”.
Por todo ello, el PP está convencido de que el Gobierno “está utilizando una maniobra de distracción” para ocultar la auténtica causa de la subida de precios de las entradas, e incluso aluden a la celebración de actos de campaña del PSOE en las instalaciones.
