La Delegación municipal de Hacienda y Personal ha vuelto esta semana a analizar ante los medios la repercusión que está teniendo para el Ayuntamiento la readmisión de seis trabajadores a los que no se les renovó contrato al principio del mandato. Esta readmisión está costando al municipio más de 100.000 euros, unos 15.000 euros mensuales, y todo por una sentencia que, aun no siendo firme, está considerada como “injusta” por el equipo de Gobierno.
La titular de la Delegación, María José González Peña, recuerda que esas personas que en su día denunciaron al Ayuntamiento por despido improcedente accedieron al empleo público sin ningún tipo de proceso o baremación, sólo supuestamente por la afinidad y afiliación política a los entonces partidos del Gobierno municipal (PP y Ai-Pro). Además, hubo un séptimo denunciante que teóricamente fue contratado “a dedo” por el entonces senador y delegado económico, y cuyo proceso de contratación habría sido solicitado al Ayuntamiento por la Justicia para dirimir el caso. Sobre este caso concreto, el Ayuntamiento cuenta con un informe de Intervención que ya en su día desaconsejó ese contrato; informe del que habría hecho caso omiso el delegado del PP.
La delegada González Peña, haciendo cronología de estos contratos, ha vuelto a recordar que cuando entró a gobernar el PSOE en Arcos se encontró con deudas a la plantilla municipal por valor de tres millones de euros, además de una deuda por el impago de la paga extraordinaria de junio de 2015. Esta situación, insiste la delegada, provocó la puesta en marcha de medidas urgentes, en muchos casos desagradables, para poner orden en las cuentas y garantizar la estabilidad de la plantilla. Así pues, se dejó de prorrogar más de 150 contratos laborales y se eliminaron de raíz las gratificaciones y productividades.
La delegada González Peña no dudó en mostrar ante la prensa la relación de las personas readmitidas y contratadas por el anterior equipo de Gobierno, existiendo casos de parentesco familiar directo y de afiliación, en este caso, al PP.
Actualmente, el Ayuntamiento tiene recurridas esas readmisiones de trabajadores, para lo cual le habría hecho saber al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que esos contratos suponían un despilfarro económico, que no han contado con proceso legal alguno y que, en suma, suponen un agravio para los intereses del municipio. No obstante, una vez más ha explicado que el Ayuntamiento acata la sentencia sin que por ello la comparta.
En cambio, la delegada defiende el modelo de gestión de su compañero alcalde, Isidoro Gambín, porque -asegura- ahora se contrata en condiciones de igualdad, con la Ley en la mano y sin la actuación de “un dedo” político que apunte a su antojo a quién y cómo contratar.
