El Gobierno municipal ha negado que cuente con escolta policial para la alcaldesa, como difundió días atrás el Sindicato Independiente de la Policía (SIP). Ha explicado que sólo se ha habilitado un dispositivo de seguridad puntual que no se utiliza todos los días, sino de forma esporádica.
El Gobierno añade además que dicho servicio de seguridad se ha puesto en marcha siguiendo las indicaciones y sugerencias de los Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo la primera vez en la historia del Ayuntamiento de esta ciudad que un alcalde o una alcaldesa no tiene escolta.
El Gobierno ha expresado que no tiene nada que objetar al uso de la escolta policial por parte de los primeros ediles, sin embargo, ha rechazado que el SIP no hiciera objeciones cuando la utilizó de forma regular la anterior alcaldesa del PP, María José García-Pelayo y sí haya difundido sus críticas ahora, que el actual Gobierno ha solicitado un servicio puntual.
En este contexto, ha recordado que María José García-Pelayo tenía tres escoltas a su servicio y un vehículo de la Policía Local apostado en las proximidades de su domicilio particular.
Asimismo, desde el Gobierno se quiere recordar “que este servicio costó a los jerezanos 170.000 euros anuales, sin que ello fuera motivo de críticas por parte de este sindicato, aún cuando el nombramiento de los agentes seleccionados para desempeñar esta función incumplió las bases de la convocatoria para el nombramiento por libre designación de esos puestos, tal y como resolvió el pasado mes de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez, con una sentencia que ordenó anular los nombramientos de los escoltas de García-Pelayo”.
