El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, ha presidido la reunión de la Comisión contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituida tras el convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior el 30 de abril de 2013, con un alcance de más de un millón de euros.
Gil-Toresano, tras el encuentro, ha destacado "la excelente coordinación entre todos los estamentos involucrados", lo que ha hecho aflorar un total de 219 infracciones que han afectado a 281 trabajadores.
En la Comisión participan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, el Área de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La aplicación del convenio se centra principalmente en la detección de fraudes a la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y lucha contra la economía sumergida. El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha destacado "la labor que se realiza para descubrir las empresas ficticias que se constituyen con fines recaudatorio, para la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros".
En esta Comisión, según ha señalado Gil-Toresano, "se hace balance, se intercambia información, documentación y se presentan iniciativas para que la coordinación siga siendo fluida y se impulsen nuevas iniciativas en la lucha contra el fraude", todo ello basado en las medidas aprobadas por el Gobierno en la anterior legislatura "y que están dando sus frutos".
De las actuaciones realizadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, tanto por cuenta propia o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han detectado 219 infracciones, siendo el importe de las mismas de 1.054.074 euros. Asimismo, a raíz de estos trabajos se han dado de alta en la Seguridad Social a 75 personas, procediendo a dar de baja a 42. El número de altas inducidas alcanzó la cifra de 298.
De las actuaciones realizadas por la Inspección Provincial destacaron dos que supusieron descubrir 13 infracciones por falta de alta en la Seguridad Social, con 13 altas inducidas, en uno de los casos, mientras que en el otro se detectaron 20 altas inducidas.
Así, durante 2016, los miembros de la Policía Nacional han investigado un total de 160 empresas, realizando 158 inspecciones e investigando a 169 personas. En el transcurso de estas operaciones se detuvieron a 34 empresarios españoles y siete extranjeros. En colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo culminaron con la desarticulación de tramas mercantiles que, a través de las denominadas 'empresas ficticias', realizaban altas fraudulentas de trabajadores para el cobro de prestaciones sociales y/o para la obtención de autorizacioes de residencia.
Entre las operaciones de largo alcance, destaca la de una entidad que realizó 10 altas fraudulentas en la Seguridad Social con la finalidad de obtener las cotizaciones necesarias para la obtención indebida de prestaciones por desempleo. Hubo también cuatro ofertas de empleo fraudulentas, previo pago de 1.200 euros, con la intención de que cuatro extranjeros obtuvieran indebidamente las autorizaciones de residencia.
Asimismo, algunas operaciones que se extendieron a otras provincias acabaron con un alto número de detenidos por falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.
La Guardia Civil en el ámbito de su demarcación, por su parte, realizó 79 inspecciones en fincas, explotaciones agrícolas, polígonos y otros centros de trabajo, por lo que se identificó a 1.197 personas. Fruto de ello la Inspección de Trabajo detectó dos infracciones muy graves y 30 graves. Asimismo, se instruyeron dos diligencias por delito contra los derechos de los trabajadores.
