El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha declarado hoy que durante su etapa en el Ayuntamiento "menos la pena de muerte" suya "lo firmaba todo", pero el que en realidad controlaba la corporación era Jesús Gil, que "no firmaba ni el carné de identidad".
Muñoz se enfrenta a ocho años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación en una pieza separada del caso "Minutas", en la que se investigan pagos de casi 420.000 euros entre el 2000 y el 2003 a través de una sociedad municipal a abogados y asesores, entre ellos una letrada del bufete de José María del Nido.
Ayudado de una muleta para andar y provisto de un bloc de notas, el exalcalde ha dicho que era "el tonto" del Ayuntamiento de Marbella cuando la fiscal le ha enumerado los distintos cargos que desempeñó, y ha asegurado que la presidencia de la sociedad municipal Control de Servicios Locales era "un puesto político".
"Nunca ejercí como presidente ni controlé la sociedad nunca", ha aseverado Muñoz, quien ha reiterado que su función era la de "firmante", y que por este motivo lleva siete años en la cárcel.
En este sentido, ha manifestado que él nunca ha pagado ni ordenado pagos, ni controló "ni un solo céntimo" del Ayuntamiento de Marbella, y que firmaba "tochos de papeles" y le daba igual "firmar el acta de defunción que un convenio de pisos".
Las irregularidades fueron detectadas en uno de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas Control de Servicios Locales, y de ahí salió el caso Minutas, por el que Del Nido fue condenado a siete años y medio de prisión, y esta pieza separada.
En el banquillo de los acusados están sentados, además de Julián Muñoz, los antiguos representantes municipales Modesto Perodia, Antonio Luque y Alberto García -sobrino del exalcalde-, todos ellos con peticiones fiscales de 8 años de prisión, y la abogada Laura Sánchez, que se enfrenta a 9 años de cárcel.
La abogada Laura Sánchez, que trabajaba para el despacho de Del Nido y está acusada de cobrar 218.695,99 euros, se ha confesado culpable de los hechos pero ha mostrado su disconformidad con los nueve años de cárcel que le pide la Fiscalía como cooperadora necesaria de prevaricación y malversación y autora de falsedad en documento mercantil.
La procesada, que se ha mostrado arrepentida de los hechos, asegura que ya ha devuelto el dinero que percibió indebidamente.
Antonio Luque, que fue concejal de Hacienda entre el año 2000 y mayo de 2003, ha afirmado que en el Ayuntamiento "no se movía ni se pagaba ni una sola peseta sin que el señor Gil lo autorizara previamente", ha asegurado que firmaba los decretos por los que se autorizaba el gasto "bajo la tutela del interventor" y que si no lo hubiera hecho "no hubiera durado un segundo".
En esa línea se ha manifestado Alberto García Muñoz, que fue edil de Hacienda entre mayo y agosto de 2003, quien ha dicho que "jamás habría ordenado un pago con reparos del interventor".
