La población reclusa en la provincia es de unas 3.808 personas, incluyendo las cárceles de Algeciras y El Puerto de Santa María, y sumando además la de los Centros de Inserción Social -estos últimos están destinados a internos que cumplen su pena en régimen abierto o que se encuentran en un proceso avanzado de cara a una vuelta a la sociedad con garantías de adaptación social-.
Por localidades, las instalaciones penitenciarias de Botafuegos, en el municipio campogibraltareño, reúnen a 1.378 internos, a los que se suman los 150 del CIS de esta localidad.
Por su parte, Puerto II y el CIS de Jerez (dependiente del primero) suman 680 internos. Además, en Puerto III se encuentran 1.390 presos, por 210 de El Puerto I, que es donde se destinan a los reos considerados como los más “peligrosos”. En total, los presidios portuenses acogen a un total de 2.280 penados.
En cuanto a la situación en Algeciras, desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), se señala que una de las mayores preocupaciones del sindicato es la “necesidad de incrementar la plantilla de funcionarios” respecto al número de celdas existentes, unas mil, aproximadamente.
La organización sindical indica que en este municipio nunca se ha dado el precepto legal de “un preso por celda”, ya que, según apuntaron, los cerca de 1.400 presos que residen en estas instalaciones hacen que prácticamente casi la mitad de estas celdas tengan que ser compartidas.
Por ello, desde la organización se solicita al Ministerio del Interior que convoque las plazas suficientes para hacer frente a la “saturación” de trabajo de los propios funcionarios.
En este sentido, desde Acaip se tacha de “irrisoria” las ofertas de empleo lanzadas anteriormente, de cara, incluso a las previsiones de aperturas de nuevos centros a nivel nacional. De hecho, exponen que el “déficit” de trabajadores de este sector social es de al menos tres mil empleados. José Luis, trabajador en Botafuegos, matiza y dice a este respecto a Información, que uno de los problemas derivados es que no se cubren las bajas que se van produciendo por jubilaciones y otros motivos. Además, expone que, en el caso de Algeciras, se ha percibido, por otro lado, un descenso de la población reclusa, que llegó a alcanzar picos de 1.800 personas. “Si no sacan una convocatoria pronto vamos a tener problemas”, defiende.
En este contexto se refirió además al tema de las agresiones sufridas por los funcionarios, algo que ocurre “muy asiduamente”, de acuerdo con su testimonio.
De cara a frenar esta situación, José Luis lamenta que los trabajadores de este tipo de centros no estén reconocidos como autoridad. “Los médicos, los maestros de escuela, la Guardia Civil, la Policía Nacional sí lo están, y nosotros, que tratamos con internos, no lo estamos. No es entendible”, expone.
Añade datos a sus argumentos. Solo en este mes de mayo aún sin concluir se han dado 17 ataques a trabajadores en territorio nacional, de los cuales 5 han tenido que acabar en el hospital ante el cariz de las lesiones producidas. Dos de estos incidentes se produjeron en Algeciras, con el resultado de tres empleados afectados.
La ausencia de esta consideración judicial como autoridad hace que estos episodios de violencia se resuelvan con una multa, mientras que con el agravante de “atentado a la autoridad” se añadiría una pena de 18 meses de privación de libertad, contrapone.
En el caso de El Puerto, la situación es similar, según el análisis de Acaip. Juan Carlos, uno de los representantes sindicales en estas instalaciones, incide en la “falta de personal” incluso con la bajada en el número de internos en los últimos años.
Juan Carlos señala en este aspecto que no se suele cumplir el principio de “un preso, una celda”, lo cual, según apunta, se suma a las difíciles circunstancias a las que hacen frente cada día, ya que, según subraya, hacen frente a situaciones de fuerte presión psicológica, ambiental e incluso física, dadas las agresiones que se producen.
Esta ley orgánica “solo se cumple en El Puerto I”, según argumenta. No obstante, Juan Carlos matiza que la complejidad de la legislación penitenciaria hace que se permitan excepciones a esta norma, como la de que los presos que estén encuadrados en medidas de prevención de suicidios tengan que estar acompañados en la habitación donde cumplen su condena.
También desde Acaip se solicitan mejoras en la relación de materiales puestos a disposición de la plantilla. Juan Carlos llama la atención especialmente sobre la necesidad de adquisición de más rodilleras y coderas para atender a los reclusos “con mayores garantías”.
Volviendo al tema de las agresiones, los sindicatos habían denunciado la agresión de un condenado del centro penitenciario Puerto II a dos funcionarios de prisiones ocurrida el pasado sábado día 20 sobre las 9,30 horas, cuando era trasladado al departamento de aislamiento por una pelea ocurrida en el patio del módulo cuatro tras el desayuno. Según informaron las propias centrales sindicales, el interno consiguió librarse de los funcionarios, cogiendo a uno de ellos por el cuello y la cara.
No obstante, han indicado que no ocurrió nada debido a la rápida intervención de los funcionarios, aunque al segundo de los que actuó le provocó una herida en el antebrazo izquierdo.
No obstante, esta denuncia chocó con la versión ofrecida por su parte por el propio Ministerio del Interior. Instituciones Penitenciarias aseguró que “no es cierto” que un interno del centro penitenciario Puerto II, en El Puerto de Santa María, haya agredido a dos funcionarios de prisiones cuando era trasladado al departamento de aislamiento por una pelea ocurrida en el patio del módulo cuatro tras el desayuno.
Según manifestaron fuentes de Instituciones Penitenciarias, “no hubo agresión a funcionarios” como han denunciado los sindicatos, sino que “hubo un incidente que se resolvió con profesionalidad” por parte de los funcionarios, pero “es incierto” que se produjera una agresión.
Por otro lado, fuentes estadísticas oficiales señalan que entre los años 2015 y 2016 se han producido cuatro suicidios de presos en las instalaciones penitenciarias.
Algeciras recogió un caso por cada uno de estos años, al igual que el centro de Puerto III.
Chalecos antipinchazos caducados en Botafuegos
El sindicato Acaip indicó a este diario que ha denunciado a varias instancias oficiales que los chalecos ‘antipinchazos’ disponibles en la cárcel de Algeciras se encuentran “caducados”. Es decir, según explican desde el sindicato, ya no ofrecen unas condiciones que garanticen la seguridad de los trabajadores ante posibles ataques ‘punzantes’. “Llevamos 17 años, desde la inauguración del centro, con los mismos chalecos, cuando las buenas condiciones de los mismos duran entre 5 y 10 años, según las indicaciones del fabricante”, exponen desde Acaip.
Mejor comunicación y más prevención, otras peticiones
Además del reconocimiento como autoridad a los funcionarios de prisiones, el sindicato Acaip pide otra serie de medidas para prevenir y actuar ante las agresiones en este entorno laboral.
En un comunicado público sobre un protocolo al respecto recientemente firmado, Acaip propone varias medidas.
Entre ellas, impulsar medidas que faciliten “un mejor conocimiento de los internos pro parte de los funcionarios”, ya que, según este colectivo, “no se establecen procedimientos de comunicación”, tanto “entre centros, como entre distintos departamentos”.
Paralelamente, solicitan un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de respuesta ante conductas agresivas. En este punto, esgrimen que el plan de formación ha descendido desde 2015 “ha descendido hasta el 50%”. “Muchos de estos cursos no se consideran tiempo de trabajo, sin que el protocolo tampoco lo solucione”, añadieron.
Por otro lado, proponen potenciar los programas de intervención y tratamiento que se incluye en el nuevo protocolo ante agresiones.
Además, reseñan desde Acaip que dicho documento reconoce que “no se dispone de un registro unitario” que contemple las agresiones a empleados públicos.
