Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y mano derecha en su día de Alberto Ruiz Gallardón, ha renunciado a presidir la Oficina de Cargo Popular destinada a mejorar la lucha contra la corrupción por "razones personales". Esta decisión se produce apenas diez días después de su nombramiento por el Comité Ejecutivo Nacional, que ahora deberá nombrar a un sustituto en su próxima reunión.
Así lo ha anunciado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha alegado razones "puramente personales" en esa decisión de Cobo, que está enfermo desde hace varios años. De hecho, ha agradecido que aceptara ese puesto en "un momento complicado para él" y le ha trasladado públicamente el "afecto y cariño" del PP a una persona "querida" y con "proyección" dentro del partido.
El pasado 22 de mayo, el Comité Ejecutivo Nacional del PP que presidió Mariano Rajoy aprobó la Oficina del Cargo Popular, un nuevo órgano recogido en los Estatutos con el que la formación quiere reforzar los controles internos, así como prevenir y mejorar la lucha contra la corrupción.
Maillo ha explicado que en la próxima reunión del Comité Ejecutivo -se celebran cada mes o mes y medio-- se designará a un nuevo presidente de esa Oficina del Cargo Popular que, sin embargo, estas semanas seguirá realizando sus funciones. "No se pueden tomar decisiones pero sí hacer trabajos previos", ha apostillado.
ESTE JUEVES, PRIMERA REUNIÓN
De hecho, el coordinador general del PP ha señalado que este mismo jueves está prevista una reunión de esa Oficina del Cargo Popular, de la que también forman parte los exdiputados Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez-Salmones, para avanzar en el Reglamento de este nuevo órgano.
Hasta la aprobación del nuevo presidente, Rodríguez-Salmones ejercerá como presidenta en funciones. El próximo Comité Ejecutivo tiene previsto aprobar al sucesor de Manuel Cobo y el reglamento de esta oficina, según ha indicado el responsable de Organización del PP en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección 'Génova' decidió impulsar la creación de esta ficina del Cargo Popular tras unas semanas en las que el partido había estado en el foco por nuevas revelaciones de la trama Púnica sobre presunta financiación irregular del partido y la 'Operación Lezo' relativa a las supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Entre sus funciones figura la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP. También se encargará de supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, aprobar un formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio, y la gestión de los registros de actividades y de bienes de los cargos del partido
