Estados Unidos anunció hoy que está considerando sanciones contra Birmania, especialmente contra su aparato militar, por la crisis humanitaria a la que se ha sometido a los miembros de la minoría musulmana rohinyá.
"Expresamos nuestra gran preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en el estado de Rakáin y por los abusos traumáticos y violentos que los rohinyá y otras comunidades han sufrido", apuntó en un comunicado el Departamento de Estado.
"Es imprescindible -añadió- que cualquier personas o entidad responsable de las atrocidades, incluidos los actores no estatales y grupos paramilitares, rindan cuentas".
En torno a 600.000 miembros de la minoría rohinyá, que Birmania no reconoce como ciudadanos, han huido desde su país hacia Bangladesh en los últimos dos meses, cuando se produjo una escalada de la violencia contra este grupo.
La crisis se agudizó el pasado 25 de agosto, tras un ataque de un grupo insurgente de esta comunidad musulmana contra instalaciones policiales y militares en Rakáin, al que el Ejército birmano respondió con una campaña de represión que aún continúa.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha calificado esa respuesta como "limpieza étnica de manual" contra la minoría rohinyá.
En su comunicado de hoy, Estados Unidos aseguró que estudia activar la Ley Magnitsky, que contempla la suspensión del visado y otro tipo de sanciones para los responsables de violaciones a los Derechos Humanos en cualquier lugar del mundo.
Mientras tanto, el Departamento de Estado ya retiró la ayuda estadounidense a las unidades militares birmanas de Rakáin, suspendió exenciones de visados de militares y exmilitares birmanos y retiró invitaciones a mandos militares birmanos para participar en actividades en Estados Unidos.
Además, Estados Unidos también está "consultando con sus aliados y socios las opciones para que (Birmania) rinda cuentas en la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros espacios pertinentes", apuntó.
El expresidente Barack Obama (2009-2017) levantó semanas antes de dejar el poder las sanciones gubernamentales contra Birmania citando un "sustancial progreso en la mejora de los Derechos Humanos", pese a que ya existía una campaña de persecución contra los rohinyá.
