La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado hoy el ingreso en prisión incondicional del excomisario José Villarejo, su socio Rafael Redondo y el también excomisario de Barajas Carlos Salamanca.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la jueza acusa a los tres de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En el caso de Salamanca, también de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los otros cuatro investigados en el caso que han pasado a disposición judicial han quedado en libertad. En el caso de la mujer de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, con la medida cautelar de retirada del pasaporte.
Sobre los otros tres investigados -entre ellos, un hijo del excomisario Villarejo y otro del excomisario Salamanca- no pesa ninguna medida cautelar.
La decisión de la magistrada, que ha ejercido hoy al estar esta semana de guardia de detenidos, se ha producido después de tomar declaración a estos dos investigados y otros cinco detenidos, por integrar un entramado empresarial cuyo principal objetivo era reintroducir en España y otros países de la UE fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios.
Los acusados fueron detenidos en los últimos días en el marco de la operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.
Asuntos Internos ha investigado durante meses el entramado empresarial de Villarejo y su mujer y ha desarrollado una operación para desmantelar una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios.
Según la Fiscalía Anticorrupción, tanto Villarejo como Salamanca se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", para recibir "elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos".
Todo ello a cambio de sus servicios especializados "de inteligencia" y de "facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español".
Fuentes de la investigación apuntaron a Efe que entre las prácticas de esa supuesta red criminal estaba la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo.
Según Anticorrupción, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
