La que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 4 de Granada el archivo de la causa abierta contra ella en relación a las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de audioguías del monumento, alegando que este trámite no se hizo "de manera arbitraria ni caprichosa" sino bajo los criterios de una mesa de contratación en la que ella "no participaba" y que estaba integrada por funcionarios cualificados, incluyendo al "gabinete jurídico de la Junta de Andalucía".
Así lo expone Villafranca en el reciente escrito de alegaciones que ha presentado ante el Juzgado después de que se haya dado un plazo a las partes para que se pronuncien antes de dar por concluida la instrucción del caso, el cual afecta a un total de ocho personas que están siendo investigadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales a raíz de una querella de la Fiscalía en 2015.
Según han informado a Europa Press fuentes del caso, Villafranca ha solicitado el archivo de las actuaciones contra ella por entender que a lo largo de la "extensa instrucción" no se ha podido encontrar ni "una prueba sólida" de que el Patronato de la Alhambra favoreciera de manera directa a la empresa Stendhal Museum Solutions SL (antes GTP Museum Solutions SL), "ni en la adjudicación del contrato del servicio de audioguías ni durante su desarrollo".
Alega que la adjudicación se decidió en una mesa de contratación que entendió que su oferta, similar a la que la mercantil había presentado a otros museos del país, era la más "adecuada y beneficiosa", técnica y económicamente; y matiza que ella, como directora de un organismo con más de 300 empleados y 15 empresas externas no discutía lo que decían los técnicos, ni intervenía en los procesos, ni conocía los detalles de cada uno de los contratos.
Villafranca niega cualquier tipo de quebranto o fraude a las arcas de la Alhambra, que la Fiscalía llegó a cifrar en más de cinco millones de euros, precisando que la propia Agencia Tributaria estimó que las liquidaciones del Patronato "se tenían que hacer sin incluir el IVA, según las disposiciones legales".
A ello suma, en contra de lo que dicen las acusaciones, que se decidió prorrogar el contrato de audioguías con esta empresa cuando había saldado sus deudas con el Patronato que gestiona el monumento y no antes, rechazando de este modo cualquier tipo de trato de favor.
De hecho, incide en que tanto el reconocimiento de la deuda de la empresa como su compensación --no pagándole otro servicio que Stendhal Museum prestaba en el monumento nazarí-- fueron "conocidos por el pleno" del Patronato de la Alhambra sin que ninguno de sus miembros pusiera reparos. Todo ello fue "informado favorablemente por el gabinete jurídico de la Junta", aunque "sorprendentemente" el Gobierno andaluz ejerza ahora la acusación particular en este proceso, según expone en su escrito de alegaciones.
En general, la que fuera directora de la Alhambra, que dimitió a raíz de esta causa, ha defendido su actuación para recuperar la deuda de la mercantil una vez que tuvo conocimiento de ella y rechaza que existiera un "nulo control" del desarrollo del contrato, en tanto que se llegaron a hacer conteos directos en lugares estratégicos y en los accesos a la Alhambra para conocer el número real de usuarios de las audioguías," que coincidió con los datos aportados por la empresa".
Además de Villafranca, en la causa están investigados el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato José María Visedo; la exsecretaria general de la Alhambra Victoria Chamorro; el interventor delegado, dos personas más vinculadas a la empresa Stendhal Museum Solution; una antigua jefa de sección del monumento y un empleado del Patronato de la Alhambra y el Generalife que operaba como jefe de negociado de ingresos.
