La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha solicitado una reunión al subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Fuentes, para abordar de "urgencia" la situación del proyecto Caparacena-Baza-La Ribina junto con los alcaldes de la zona norte granadina afectados por su no inclusión en la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020.
Fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz en Granada han informado a Europa Press DE que la petición, remitida por escrito a la Subdelegación del Gobierno, se basa en el acuerdo que, "por unanimidad", alcanzaron el pasado 23 de noviembre los representantes de los municipios de la zona norte de la provincia reunidos en la sede de la Junta.
Se trata de "reconocer la importancia del eje Caparacena-Baza-La Ribina de 400 kilovoltios por ser absolutamente imprescindible para el desarrollo económico y energético de sus comarcas y de sus municipios, de cara a impulsar su desarrollo con nuevos proyectos industriales".
La Diputación, la Junta de Andalucía y 55 ayuntamientos aprobaron en esta reunión una declaración institucional para pedir al Gobierno central que rectifique e incluya en la planificación de la Red de Transporte Eléctrico la construcción del eje Caparacena-Baza-La Ribina, entre las provincias de Granada y Almería.
Este acuerdo institucional es, según señaló Sandra García tras presidir la reunión, un paso que nació con "ánimo constructivo" y no para "confrontar".
"Queremos tender puentes al Gobierno para que incluya el eje, todavía estamos a tiempo de que el Consejo de Ministros lo apruebe en su reunión en diciembre y así se respete a Granada y no se hipoteque el futuro de 55 municipios granadinos", agregó la delegada.
La Junta viene denunciando que la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020, aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2015, "pone en serio peligro el suministro eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes y la evacuación de la electricidad generada por proyectos renovables", además de "suponer una pérdida de inversiones y empleo" y retrasar "el objetivo de un sistema energético sostenible para la región".
El Gobierno andaluz ha destacado, asimismo, el apoyo recabado en "administraciones locales de todos los signos políticos, de los agentes sociales y económicos y de la población afectada".
