La alcaldesa de la localidad malagueña de Nerja, Rosa Arrabal, está citada este viernes para declarar como investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga) en la causa iniciada por el vertedero del municipio nerjeño que presuntamente carece de autorización ambiental.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales. En esta causa se investigan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación.
El juzgado ha citado en diciembre como investigados a otros cargos públicos municipales y de la Junta, como el exregidor del PP José Alberto Armijo, que está llamado a declarar el día 14; y Adolfo Moreno, delegado de Medio Ambiente, el 11. Ya han comparecido la mayor parte de los 26 empresarios incluidos en la causa.
La Guardia Civil ha llevado esta investigación, denominada 'Rubbish', en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella sobre estos hechos, lo que dio lugar al inicio de un procedimiento en este juzgado.
El vertedero, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, está ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama; "un espacio protegido"; y existe desde hace unos 15 años, según la querella, resultando de las investigaciones que se está "vertiendo de manera incontrolada toda clase de residuos de la construcción y demolición, peligrosos, y grandes cantidades de podas".
Esto supondría, según lo actuado hasta ahora, un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas. Este espacio viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas; pero con el conocimiento de las administraciones.
Tras inspecciones realizadas, los investigadores detectaron que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, que no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.
Asimismo, hay especies de flora silvestre en la zona, incluidas en la categoría en peligro de extinción y, según las fuentes, en caso de producirse un incendio el daño medioambiental podría ser considerado de "catastrófico" desde un punto de vista medioambiental, según los investigadores, afectando directamente al parque natural o incluso al paraje de los acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Además, las empresas encargadas de la explotación habrían expedido "certificaciones falsas" a las empresas que acudían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, acreditativas de que estos están siendo vertidos en vertedero controlado, según la investigación inicial.
En este sentido, la Guardia Civil comprobó la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros. Este sería, según el instituto armado, el coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos "indiscriminadamente y de manera ilegal".
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