Un decreto del Gobierno turco emitido al amparo del estado de emergencia, vigente desde el fallido golpe de Estado en julio de 2016, ha ordenado hoy la destitución de 2.766 empleados públicos.
Los decretos, difundidos en el Boletín oficial del Estado, enumeran a 637 militares, entre ellos 327 de las Fuerzas Aéreas, 155 del Ejército de Tierra y otros 155 de la Armada, a los que se añaden 360 del cuerpo de gendarmería.
Otras instituciones afectadas son el Ministerio de Educación, del que fueron expulsados 392 profesores, la Dirección de Asuntos Religiosos, con 341 empleados destituidos, o el Ministerio de Justicia, con 245.
Además, el decreto retira su cargo a 105 empleados de varias universidades, entre ellos catedráticos y profesores.
También se ordena el cierre de 17 instituciones, sobre todo asociaciones estudiantiles o educativas, pero también dos periódicos locales y un centro de salud cardíaca.
En todos los casos, las destituciones se motivan por "ser miembro de una organización terrorista o de una estructura, organismo o grupo que mantiene actividades contrarias a la seguridad del Estado, o por mantener vínculos o lazos con ella".
Los destituidos no pueden volver a trabajar en ningún empleo público, ni en empresas de seguridad privada, se les anulan licencias de armas o de piloto y se cancela su pasaporte, especifica el decreto.
Las medidas tomadas al amparo del Estado de emergencia no pueden ser recurridas ante la Justicia.
Sin embargo, el mismo decreto de hoy restituye sus empleos a 155 personas destituidas con anterioridad, ordenando el pago de sueldos y seguridad social atrasados, pero sin derecho a otra indemnización.
Un segundo decreto, también publicado hoy en el Boletín oficial del Estado, especifica los uniformes para los presos, incluidos los de prisión preventiva: serán de color "almendra seca" (tostado) en el caso de quienes están siendo juzgados por delitos contra el orden constitucional, y grises para los demás.
Los presos deben vestir este uniforme cuando se sienten en el banquillo de los acusados durante su proceso, agrega el decreto, cumpliendo así una propuesta del Gobierno turco, hecha hace meses, de distinguir con uniformes específicos a las personas a las que se juzga por golpismo.
Aunque el decreto no menciona ninguna organización concreta, la gran mayoría de las destituciones de empleados públicos se han dirigido contra supuestos simpatizantes del predicador turco exiliado Fethullah Gülen, hasta 2013 aliado del Gobierno y desde entonces acérrimo enemigo.
Ankara considera que la cofradía de Gülen, ampliamente representada en la Judicatura, la Policía y el sector de la educación, instigó el fallido golpe de julio de 2016, algo que sus seguidores niegan, y ha emprendido amplias purgas para "limpiar" el aparato estatal de gülenistas.
Pero estas medidas también han afectado de forma creciente a simpatizantes de izquierdas o a cualquier sospechoso de no simpatizar con el Gobierno y, según denuncia la oposición, incluso a quienes han luchado durante años contra la influencia gülenista en la política.
Desde la asonada, los sucesivos decretos del Gobierno han expulsado de su empleo a unos 120.000 funcionarios, a los que se añaden aproximadamente otros 20.000 profesores de la enseñanza concertada, que han perdido su licencia.
Unas 50.000 personas se hallan en prisión preventiva, en espera de ser juzgados por supuestos vínculos con la cofradía de Gülen.
