Los magistrados de las cuatro secciones penales de la Audiencia de Sevilla han denunciado ante la Comisión de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial el "riesgo para la salud física y psicosocial" de la sobrecarga que soportan y que "va para largo" ante la acumulación de macrocausas.
Los magistrados han tomado la decisión de acudir a este órgano tras pedir reiteradamente sin éxito refuerzos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya que, según ha explicado el magistrado de la sección cuarta Francisco Gutiérrez "esta situación está afectando a nuestra salud laboral".
En su escrito de denuncia, presentado el 6 de febrero y que han hecho público hoy, piden al Servicio de Prevención del CGPJ que elabore un informe sobre "la situación de riesgo" para su "salud física y psicosocial" y que esta denuncia se analice en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud para que "se impulsen las medidas necesarias".
Añaden que si no obtienen respuesta "satisfactoria" en cinco días, trasladarán su denuncia a las asociaciones judiciales "para que impulsen las medidas que consideren oportunas en defensa de nuestros derechos".
El escrito, firmado por 20 de los 21 magistrados de las secciones penales de la Audiencia, recoge que el CGPJ fija un cupo de entre 264 y 316 asuntos anuales para estos órganos y que en el caso de Sevilla, el año pasado la media fue de 417.
De los 21 magistrados con los que cuentan, una está de baja prevista de dos a tres meses, que sólo se cubrirá diez días, y otro con un puesto adaptado al 50%.
A ello hay que añadir la dedicación exclusiva al primer juicio del caso ERE que desde diciembre tiene el magistrado Juan Antonio Calle o la del ponente del juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera, Ángel Márquez, para redactar la sentencia.
Los denunciantes estiman que sólo para los asuntos ordinarios que entran cada año, se necesitarían 6 magistrados más pero la situación se agrava con la llegada de las macrocausas -sólo el caso ERE puede acumular más de 200 piezas y el de Invercaria unas 15-, que no será una situación puntual sino que durará años.
"Esto va para largo, aquí hasta dentro de tres años como mínimo vamos a tener macrocausas que celebrar", ha subrayado el magistrado de la sección séptima Juan Romeo, una previsión que para su compañero de la sección cuarta Carlos Lledó es "muy optimista" ya que a su juicio puede llegar a cinco o seis años.
El magistrado de la sección cuarta Juan Manuel de Paúl ha dejado claro que, al margen de los efectos sobre la salud de los magistrados, el problema afecta a los ciudadanos con causas pendientes.
"Con esta carga hay dos soluciones y las dos son malas, o se retrasan los asuntos a los que no se les puede meter mano o tenemos la sensación de que lo que se nos está pidiendo es quítatelo de encima como puedas y si no podemos poner buenas sentencias discutidas entre nosotros quienes lo van a pagar son los ciudadanos", ha lamentado.
De Paúl ha criticado que las macrocausas "mejor o peor" saldrán adelante porque hay un "interés de los poderes públicos" para dar una buena imagen del funcionamiento de la justicia pero ha llamado la atención de los efectos para "personas con órdenes de alejamiento o penas pendientes de revisión".
