Japón conmemora hoy el séptimo aniversario del tsunami que arrasó el noreste del país provocando el accidente nuclear de Fukshima, y cuyas secuelas mantienen aún desplazadas a más de 73.000 personas.
En diversos puntos de Japón, y especialmente en las zonas más afectadas por el tsunami, se homenajeó a los más de 18.000 muertos y desaparecidos que dejó la catástrofe y se guardó un minuto de silencio a las 14.46 hora local (05.46 GMT), la misma en la que golpeó el terremoto de 9 grados Richter que desencadenó la tragedia.
El fortísimo terremoto que se registró con epicentro en el mar frente a la costa nororiental nipona el 11 de marzo de 2011 generó minutos después un tsunami que arrasó poblaciones enteras y golpeó la central nuclear de Fukushima Daiichi.
El agua dejó a la planta sin sistemas de refrigeración, lo que acabó provocando la fusión parcial de los tres reactores que en ese momento se encontraban operativos, provocando el segundo peor accidente nuclear de la historia tras el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986.
Al igual que en años precedentes, en Tokio se organizó en el Teatro Nacional una solemne ceremonia en la que participó el primer ministro nipón, Shinzo Abe, y que de nuevo fue presidida por el príncipe Akishino y la princesa Kiko.
Ambos han sustituido por segundo año al emperador Akihito -relevado de actos oficiales tras anunciar su deseo de abdicar- y la emperatriz Michiko.
"Quiero transmitir mi compromiso de que el Gobierno se esforzará de manera coordinada para constituir una nación fuerte y resistente a los desastres", dijo Abe, que aseguró que, tras siete años, puede certificar que "la reconstrucción de la región afectada está mostrando un progreso consistente".
Sin embargo, a día de hoy más de 73.000 personas continúan desplazadas por los efectos del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear de Fukushima.
Un total de 73.349 personas siguen alojadas en casas temporales, residencias de familiares y centros hospitalarios repartidos por el territorio nipón, según las últimas cifras publicadas por la Agencia japonesa para la reconstrucción de la región nordeste del país.
Tras la crisis nuclear de 2011, las autoridades del país asiático establecieron zonas de evacuación obligatoria y áreas de acceso restringido en torno a la central de Fukushima Daiichi, en función de los niveles de radiactividad detectados.
Desde entonces, se han reabierto progresivamente estas áreas tras completar tareas de limpieza y descontaminación radiactiva, aunque muy pocos han querido regresar a sus antiguos hogares por el miedo a que persista la radiactividad y por haber rehecho su vida en otros lugares.
Es el caso de los habitantes de localidades como Namie e Iitate, situadas a entre 10 y 40 kilómetros de la central y cuyas órdenes de evacuación fueron levantadas por el Gobierno nipón en abril de 2017.
De los aproximadamente 27.000 habitantes que podrían volver, sólo lo han hecho unos 950 o un 3,5 %, según el Gobierno de Fukushima, lo que además de la reticencia de la población refleja el proceso de despoblación que afecta a las zonas rurales de Japón.
A principios de este mes, la organización ecologista Greenpeace denunció en un informe que siete años después de la catástrofe todavía hay zonas próximas a la central, entre ellas las dos localidades anteriores, en las que persisten dosis excesivas de radiactividad.
Frente a los que se muestran reticentes a regresar a sus hogares se encuentran aquellos que se vieron obligados a retornar después de que el Gobierno pusiera fin el año pasado a los programas de ayudas a la vivienda para evacuados, una decisión denunciada por algunos de ellos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En una encuesta publicada por la cadena pública NHK con motivo del séptimo aniversario del desastre, uno de cada dos evacuados afirmó "no notar" las medidas destinadas reconstruir las áreas afectadas, y más de la mitad asegura tener problemas económicos.
Un 53,4 % de los evacuados considera además que el desastre sigue afectándoles mental y físicamente siete años después y que han aumentado los casos de insomnio, depresión y alcoholismo, según NHK.
Además de mantener a decenas de miles de personas desplazadas, el desastre ha ocasionado graves daños a la economía local y ha acarreado un coste total para las arcas públicas niponas estimado en 20 billones de yenes (152.205 millones de euros).
