El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que si se convierte en presidente del Gobierno hará una "revolución fiscal" que incluirá la supresión de impuestos como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Así lo avanzado Casado poco después de que el Tribunal Supremo, totalmente fracturado (15 votos frente a 13), haya fallado que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados --impuesto sobre hipotecas-. De este modo el alto tribunal corrige a la Sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
Casado ha avanzado que si llega a la Moncloa suprimirá ese impuesto sobre las hipotecas y ha señalado que el proyecto del PP se basa en "defender la libertad individual, la seguridad jurídica y la propiedad de los españoles.
"Por eso haremos una revolución fiscal al llegar al Gobierno para reducir los impuestos de la renta, sociedades y suprimir los de patrimonio, donaciones, sucesiones y AJD", ha señalado el líder de los 'populares' en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.
"EL CONSUMIDOR NO TIENE POR QUÉ SER EL QUE PAGUE"
Anoche, poco después de conocerse el fallo del Supremo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya manifestó que "el consumidor no tiene por qué ser el que pague" el Impuesto de actos jurídicos documentados. Además, indicó que el PP planteará cambios en el proyecto de ley de crédito inmobiliario, que se tramita en estos momentos en el Congreso, en la distribución de los gastos derivados de las hipotecas.
Por su parte, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, reconoció este martes que es "difícil de entender" que el alto tribunal haya podido dictaminar "una cosa y su contraria" respecto a quién corresponde asumir los gastos del impuesto sobre las hipotecas.
En todo caso, subrayó el "respeto" de su organización por todas las decisiones judiciales. "Nos gusten más, nos gusten menos, o no nos gusten, pero acatamos las decisiones judiciales porque estamos en un Estado de derecho y es nuestra obligación", ha aclarado.
