Continúa el calvario para la familia de Antonio Ortega Urbano, el joven torremolinense que desapareció el 22 de enero y cuyos restos fueron encontrados por un grupo de voluntarios en la sierra de Alhaurín de la Torre el 18 de agosto del pasado año.
Ortega continúa en el Insituto de Medicina Legal de Málaga, es decir, cerca de cinco meses después de su hallazgo, todavía no ha podido ser incinerado. Según ha podido conocer Viva Málaga, a través de fuentes familiares, el problema reside en las pruebas de ADN de los restos que sus propios familiares recuperaron de la sierra a finales de septiembre de 2018 y por la Guardia Civil el 1 de octubre.
Así, el departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología, emitió un informe el 14 de noviembre en el que concluía que se trata de un cadáver sin identificar. Según recoge el escrito enviado por la familia al Juzgado de Instrucción Número 6 de Málaga, “la única razón por la que aún no se ha obtenido la prueba de ADN de los restos encontrados el 29 de septiembre y 1 de octubre, y son calificados como cadáveres sin identificar, obedece al negligente y chapucero tratamiento de los restos de Antonio Francisco Ortega Urbano que se realiza por la Administración de Justicia, lo que provoca una dilación injustificable y unos daños totalmente gratuitos a los familiares del difunto”.
Pruebas de ADN anteriores
Asimismo, destacan en el documento al que ha tenido acceso este periódico, que los familiares del difunto ya aportaron en el mes de marzo de 2018 a la Policía Nacional su perfil genético, pruebas que se realizaron nuevamente el 20 de agosto para la Guardia Civil. “Ahora resulta que los restos continúan sin identificar porque nadie se ha preocupado de aportar al Instituto Nacional de Toxicología los perfiles genéticos que dispone tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional”, detallan.
Asimismo, Cristóbal Ortega, hermano de Antonio, explica que “a esto hay que sumarle que no habrá respuesta del Instituto Nacional de Toxicología, ubicado en Sevilla, hasta dentro de cuatro o seis meses, cuando se trata pura y simplemente de realizar la prueba de ADN a unos restos cadavéricos”.
Cabe recordar que el 19 de septiembre, el Instituto de Medicina Legal de Málaga autorizó la salida de los primeros restos óseos encontrados con destino al Cementerio de Málaga, e incluso se autorizó la incineración de los mismos. Sin embargo, la familia no lo autorizó, ya que tenía conocimiento de que no se hallaban completos. “¿Cómo es posible que los retsos no se encuentren identificados y se diese, en su momento, autorización de salida e incineración de los mismos?”, preguntan los familiares al juez.
Justicia para su familia
De esta manera, piden al juzgado que se autorice la toma de muestras por parte de un laboratorio privado, “a costa de los familiares de Antonio Francisco Ortega Urbano”, del Instituto de Medicina Legal con el objetivo de realizar un informe de ADN de los restos allí custodiados.
“Esto no tiene nombre. Es increíble que todavía no hayamos podido incinerarlo y que, además, nos confirmen que la cosa va para largo. Si olvidaron su cadáver en la sierra, no debería extrañar que tengamos que ser sus familiares quienes soliciten estas pruebas y su autopsia, todo contratado por nosotros”, concluye Cristóbal Ortega.
