El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha dejado en libertad bajo fianza al empresario naviero Ángel Pérez-Maura, y a los otro cuatro investigados por pagar sobornos a ex altos cargos del gobierno guatemalteco, Álvaro Pérez-Maura, Adrián de la Joya, Francisco Soucheiron y Enrique Maestre.
El magistrado ha dictado esa resolución tras concluir a las dos de la madrugada los interrogatorios a los cinco detenidos el pasado miércoles en el marco de la pieza Pit del caso Villarejo, en la que se investiga el pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.
Según ha confirmado a Efe fuentes jurídicas, en el auto, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la libertad bajo fianza de 750.000 euros para Pérez-Maura, de 500.000 para su hermano y para el empresario Adrián de la Joya -imputado en el caso Lezo- y de 200.000 euros para los otros dos imputados, el empresario Francisco Javier Soucheiron, CEO de la naviera Grup Maritim TCB, y el abogado Enrique Maestre.
El magistrado les imputa a los cinco delitos de cohecho, falsedad y encubrimiento. Además a Ángel Pérez y Soucheiron les imputa el delito de cohecho internacional.
En la resolución, que fija un plazo de 7 días para depositar las fianzas, el juez impone varias medidas como la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retira del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.
Según la Fiscalía Anticorrupción, con ese soborno a los ex dirigentes guatemaltecos, pretendían que la mercantil Grup Maritim TCB, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura en abril de 2016, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional.
En la pieza se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Villarejo por parte de la mercantil A Pérez y Cia S.L., relacionada con el naviero, para tratar de impedir la extradición.
Con esa contratación querían, según la Fiscalía, obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.
Guatemala pidió la entrega de Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español.
