La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, ha citado a declarar como investigado al delegado del Govern de la Generalitat de Cataluña en Suiza, Manuel Manonelles, para el viernes 19 de julio a las 10 horas.
Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alejandra Gil también cita ese día a otros procesados en la causa: Aleix Villatoro, Marta Garsaball y Rosa Vidal, para que den explicaciones en relación a un expediente de contratación mediante la delegación en Ginebra de la Generalitat.
La Fiscalía solicitó la citación de Manonelles por su presunta relación con el expediente de contratación suscrito el 31 de agosto de 2017 con HCSS.
Asimismo, la juez oficia a la Guardia Civil para que se persone en los departamentos de la Generalitat para que se entregue documentación reclamada por la Fiscalía, en concreto expedientes administrativos como el de la contratación del evolutivo de la aplicación del registro de catalanes en el exterior, o el de la contratación del evolutivo de la aplicación 'Connecta't al voluntariat'.
En concreto, reclama documentación a la Conselleria de Presidencia, a la de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, así como a la Intervención General y al Gabinete Jurídico Central.
Lo acuerda así tras recibir el informe definitivo de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo al destino de los recursos asignados a las políticas de acción exterior de las comunidades autónomas 2011-2017.
Según las datos que contiene este informe, Manonelles y el exsecretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, presuntamente cometieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.
La juez considera en su auto que Garsaball, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Govern de la Generalitat, pudo cometer falsedad documental, y en el caso de la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, le atribuye un presunto delito de malversación.
Según la juez, les relaciona con el expediente de contratación 1/2017 mediante el que la Delegación del Govern en Suiza contrató a HCSS.
