El pleno de la Cámara baja de Brasil aprobó este miércoles el marco legal de la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno de Jair Bolsonaro, pero aún deberá someter el texto a nuevos debates antes de remitirlo al Senado.
La primera de las dos votaciones necesarias para la aprobación del texto que define el marco general de la reforma concluyó en la Cámara de Diputados con el respaldo de 379 parlamentarios, frente al rechazo de 131.
De ese modo, se superaron los tres quintos necesarios (308 de 513 votos) que exige una enmienda constitucional como la propuesta, cuyo trámite parlamentario es engorroso y requiere diversas votaciones.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, festejó la aprobación en primera votación de la reforma, que presentó al comienzo de su mandato y que constituye su principal iniciativa legislativa.
"Gran día", afirmó el líder ultraderechista en un mensaje en su cuenta en Twitter tras haber acompañado por televisión en su despacho la votación de la enmienda constitucional en el Congreso.
"Felicito a la Cámara de los Diputados por la aprobación, en primera vuelta (...) de la enmienda constitucional que instituye un nuevo sistema de jubilaciones. Brasil está más cerca de entrar en el camino del empleo y la prosperidad", agregó.
El marco legal de la reforma, que propone endurecer el acceso a las jubilaciones en busca de un ahorro fiscal equivalente a unos 265.000 millones de dólares en diez años, todavía puede ser objeto de alteraciones, pues los diputados deberán definir ahora la situación en que quedarán algunos sectores específicos.
Entre ellos, el sector gobernante insiste en que la reforma alcance los ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión aprobada este miércoles, pese a que estaban en el proyecto original.
Una vez resueltos esos casos, el pleno de los Diputados someterá el proyecto retocado a una nueva votación y, si lo aprueba nuevamente por un mínimo de 308 votos, remitirlo al Senado, que lo examinará durante el segundo semestre de este año.
La previsión es que esa segunda votación en la Cámara baja sea realizada antes del sábado, pues el Parlamento iniciará el día 18 un receso que concluirá el 1 de agosto y la intención de la mayoritaria base gobernante es acelerar el trámite.
Mientras los diputados deliberaban, decenas de personas se congregaron a las puertas del Parlamento para protestar contra la iniciativa del Gobierno y llegaron a enfrentarse con la Policía, aunque sin mayores consecuencias.
También hubo una protesta en el centro de Sao Paulo, convocada por sindicatos, que igualmente concluyó sin incidentes.
La reforma es la gran apuesta del primer Gobierno de ultraderecha que tiene el país para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió siete puntos porcentuales de PIB, que creció a un ritmo insuficiente del 1 % anual en 2017 y 2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.
El trámite se ha retrasado más de lo previsto debido a maniobras que están previstas en las normas parlamentarias, que han sido usadas al máximo por la oposición de izquierdas, que rechaza el proyecto y aún en minoría intenta obstaculizar el proceso.
Mediante la reforma, el proyecto pretende reducir el gasto con un sistema de pensiones que el Gobierno considera "quebrado", acabar con un crónico déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas claves.
Para lograr esa meta, el proyecto plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no es requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Una de las propuestas más polémicas planteaba poner fin al actual sistema de reparto, mediante el cual el Estado gestiona en un fondo único las contribuciones de trabajadores y empresarios, para adoptar un régimen de capitalización, mediante el cual la jubilación de un trabajador dependería de lo que pudiera ahorrar durante su vida.
Sin embargo, esa propuesta no prosperó por el firme rechazo de vastos sectores de centro y derecha que, si bien apoyan a Bolsonaro, coincidieron en que el país no está en condiciones de pasar a un régimen de capitalización, debido a la escasa capacidad de ahorro de sus trabajadores.
