El teniente de alcalde delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha informado este viernes de que la Junta de Gobierno Local ha aprobado las ordenanzas fiscales para 2020, que se prevén llevar a Pleno el jueves 31 de octubre, todo ello tras las aportaciones del Consejo Social de la Ciudad, el Consejo Municipal para la Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA) y el Consejo del Movimiento Ciudadano.
En una rueda de prensa, el concejal ha detallado que el próximo lunes se celebrará una reunión extraordinaria y urgente de la comisión de Hacienda y, "si todo va bien", la idea es que el debate de ordenanzas en el Pleno sea el día 31 de octubre, con el objetivo de que entren en vigor justo al empezar el año 2020.
Al respecto, ha agradecido al Consejo Social de la Ciudad su labor, al tener "con premura" el dictamen de las ordenanzas, así como por parte del Consejo del Movimiento Ciudadano y del CREA, que realizan "aportaciones muy puntuales, pero que confirman que se va en la buena senda de que es posible bajar los impuestos sin mermar los servicios básicos, y se va a demostrar", ha subrayado.
Según ha señalado, "el Consejo del Movimiento Ciudadano apunta a la posibilidad de que con el impacto de las ordenanzas se puede quedar en entredicho la prestación de los servicios básicos", si bien ha defendido que "se produce una rebaja fiscal histórica en la ciudad", de manera que "ningún gobierno en la historia de la democracia ha presentado una rebaja de esta envergadura, sin cuestionar los servicios básicos, que se van a mejorar", ha apostillado.
En cuanto al Consejo Social y el CREA, ha apuntado que reflejan que "hay un debe muy importante" desde hace años y que "se va a hacer cuando estén aprobadas las ordenanzas, como es hacer mediáticamente una campaña muy ambiciosa sobre la competencia fiscal que tiene la ciudad de cara a otros territorios".
"Hay que vender que somos un territorio atractivo para competir con otros en materia de inversión y atractivo fiscal", ha ensalzado, entre otros aspectos, como la defensa de la bajada del IBI rústico, porque "es una barbaridad lo que pagan los agricultores", según ha aseverado.
De este modo, el concejal de Hacienda ha apostado por establecer criterios para situarse en la media de España, pero "con prudencia". También, ha remarcado que las empresas municipales son "muy solventes con muy buenos cuadros técnicos".
EL VOTO FAVORABLE O LA ABSTENCIÓN
Entretanto, el edil de Hacienda ha asegurado que la voluntad del gobierno local es sacar las ordenanzas con "el mayor voto favorable o la abstención posible" de los grupos de la oposición, de forma que espera lograr "el consenso más amplio posible", porque "se puede compatibilizar bajar impuestos y no renunciar a mejorar los servicios públicos y devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho durante muchos años al pagar impuestos por encima de la media de otras ciudades".
Al hilo de ello, confía en "aprovechar las aportaciones de los otros grupos", como PSOE, IU y Podemos, y "calcular el impacto de estas aportaciones", aunque ha dicho que están "muy abiertos a propuestas".
"Si la idea es no votar a favor del PP por estar en elecciones, se acepta una abstención", ha apuntado Fuentes, quien ha resaltado que Vox se ha comportado "con mucha responsabilidad y se han incluido sugerencias muy coherentes y razonables".
LAS CIFRAS
Cabe recordar que el anteproyecto de ordenanzas fiscales para 2020 cuenta con un impacto que puede ser de en torno a ocho millones de euros.
En detalle, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica bajará un 7% en vez del 3% planteado en un principio, con la idea de que en cuatro años se adapte a la media nacional, de 0,65 euros, frente a los 1,22 euros actuales y los 1,13 euros para 2020.
Asimismo, en el IBI de naturaleza urbana la rebaja es del 3% para compensar la subida, por el mismo porcentaje, prevista en la actualización de los valores catastrales contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
No obstante, se introducen bonificaciones para las familias numerosas, con cuatro tramos, que van en función del valor catastral y de la categoría de familia numerosa --general o especial--. Así, de cero a 27.200 euros en valor catastral, la bonificación será del 90% en ambas categorías; en los que van de 27.201 a 100.000, será del 70% y 80%; de 100.001 a 200.000, del 50% y 60%, y de 200.001 a 300.000 euros, del 5% y 10%.
Por otra parte, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica bajará un 2,5%, mismo porcentaje que se plantea durante los prroximos años hasta llegar a un descenso total del 10%, mientras que los vehículos híbridos tendrán una bonificación de hasta el 75% y el impuesto a ciclomotores de menos de 125 cc "se baja al mínimo posible por ley", con un 48,42%, de cara a "disuadir el uso del coche en beneficio de los ciclomotores".
Además, el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías, bajará un 10% a lo largo del mandato, con un 2,5% en 2020, si bien para las transacciones de "inter-vivos" la rebaja será del 5% en vez del 3%. En cuanto a las herencias, "se suprimen las horquillas sobre el valor catastral y se va a una reducción general del 95%", por lo que "se bonifica la transmisión de inmuebles a favor de descendientes, adoptados, cónyuges y ascendientes". Así, la bonificación pasa del 50% inicial al 95%.
También, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) baja un 10% tras un 8% inicial y la tasa por licencias urbanísticas, un 6,25%, conllevando una rebaja conjunta del 4,96%, tras la inicial del 5,45%. La tasa por licencias de actividades y apertura de establecimientos se rebaja al 15%, después de que "se pagaban cantidades desproporcionadas", según advirtió hace unas semanas Fuentes.
Igualmente, la tasa por entradas de vehículos a través de aceras, "que es una reivindicación histórica de los polígonos", se reduce un 50%. A raíz del decreto de la Junta sobre las parcelaciones, se baja la cantidad que los parcelistas pagarán por aplicar el Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) a sus viviendas, al pasar del 3% al 2% si lo hacen de forma voluntaria y del 6% al 4% si es por orden de la administración.
Una vez aprobado el anteproyecto, la idea es que se someta a la aprobación inicial del Pleno en este mes de octubre, para posteriormente pasar a exposición pública y entrar en vigor a principios de año.
