La denuncia de desfase de 71,5 millones de euros entre lo recaudado por parte del anterior Gobierno andaluz y las obras ejecutadas en 2017 por parte de la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, certifica que, por un lado, la opacidad en torno al canon del agua es total y, por otro, que la gestión ha sido un auténtico despropósito. Con este impuesto, que grava con un euro al mes el recibo de los andaluces desde el año 2010 para costear infraestructuras de depuración, la Junta preveía actuaciones en el conjunto de la comunidad por valor de más de 1.765 millones de euros.
Sin embargo, pese a que la Hacienda autonómica ha sumado desde finales de 2011 y hasta octubre de 2019 unos 812 millones de euros por este concepto solo ha llevado cabo trabajos por valor de 250 millones, el 26,48% de lo comprometido por el Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, según datos del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).
En el caso de la provincia, el grado de cumplimiento, muy inferior con respecto al regional, está por debajo del 20%, con un déficit de inversión de 122 millones de euros, según licitación, acumulando un presupuesto destinado de 28,8 millones. La Junta, no obstante, eleva estas cifras.
De acuerdo a la información facilitada por el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Francisco José Gutiérrez, a preguntas realizadas por medio del Portal de Transparencia, apuntan a 52,6 millones destinados a nueve actuaciones ejecutadas o en ejecución con cargo al canon del agua: colector y A. R. urbanas de la aglomeración urbana Bolonia-El Lentiscal, en Tarifa; la redacción de proyecto y ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Bolonia; EDAR y colector de Tarifa; proyectos y obras de mejora de las EDAR de Arcos y Villamartín; eliminación del vertido de efluente de la EDAR a la sima de Villaluenga; sistemas generales de saneamiento y pluviales al Pago de la Rana Verde, en Chiclana; adecuación y adaptación a la legislación vigente de la EDAR de Jerez; y, por último, ampliación de la EDAR de Rota.
Además, el documento señala que se han redactado o están en redacción diez proyectos, por un importe de 1,4 millones de euros, de interés para Villamartín y Arcos, Jédula, Grazalema, Setenil, Conil, Jerez, Sanlúcar, San José del Valle, Puerto Real y Trebujena.
Asimismo, la respuesta facilitada por el Gobierno autonómico adelanta que prevé tramitar “en los próximos meses” la nueva EDAR de Puerto Real, con un presupuesto de 18,3 millones de euros, y la EDAR de Setenil y la obra de agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema por un importe aún por definir. En cuanto a proyectos, el Ejecutivo regional tiene en cartera licitar el modificado número 1 de la obra de finalización de los trabajos de adecuación de la EDAR de Jerez, por 304.547,45 euros, y el lote de redacciones de proyectos de la provincia, por 700.000 euros, y aún a expensas de identificar los núcleos que formarán parte de dichos proyectos.
El balance es negativo, desde luego, tal y como indican los guarismos. Pero la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, lo confirma al otro lado del teléfono: “La gestión ha sido excesivamente lenta”, las empresas vieron una oportunidad y se dotaron de personal cualificado en depuración y saneamiento, pero la Junta ha dejado en el cajón más de 550 millones de euros de los 800 recaudados. “Todo estaba preparado pero no se ha materializado”, remacha. Y las consecuencias de esta falta de diligencia no afecta solo económicamente al sector, que buscó apoyo financiero y, listo, “sigue a la expectativa”.
La falta de inversión, necesaria para el obligado cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, conlleva penalizaciones millonarias que se suman a la condena que impuso ya a España el Tribunal de Justicia de la UE (con Barbate y Tarifa en el punto de mira, entre otras 15 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes): doce millones de euros, más once millones más por cada semestre que sigue sin cumplirse con la normativa.
La situación en este sentido, tanto a nivel regional como provincial, preocupa a Ecologistas en Acción también por las consecuencias en salud pública. El portavoz de la asociación, Daniel López, esgrime el informe publicado en 2019 para asegurar que un tercio de las depuradoras andaluzas no depuran bien las aguas residuales. En Cádiz, de las 53 depuradoras cuyos datos se publican en la Red de Descargas de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), son 20 las que requieren mejoras para adecuarse a la legislación.
El Gobierno andaluz activó a mediados del año pasado un plan de choque y promovió una modificación de la ley para que el canon autonómico pueda utilizarse también en el desarrollo de otras infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua, aplicando también fondos europeos para la construcción de las infraestructuras pendientes. “La Junta está moviendo ficha”, reconoce López Marijuán. Pero “hace falta más agilidad y transparencia. Que se invierta ya y bien”, remarca Chocano.
